Una persona exige justicia cuando ha entrado en un conflicto social con otra, lo cual implica el pasar de dicho campo social específico, a un campo jurídico general para llegar al judicial en particular.
Ello requiere, habitualmente, la intervención de un abogado para traducir, en lenguaje jurídico, las demandas y expectativas de la persona, en una intervención influida y mediatizada por sus propios intereses y capacidades pero, asimismo, por las reglas de competencia y los criterios que aplican los jueces y tribunales.
En éstos últimos es, quizá, donde radique en buena medida la falta de justicia, pues la función de los tribunales, y otras instancias de justicia, es la de dar un “tratamiento al conflicto social abierto”, es decir, de tratar el conflicto, más no de solucionarlo.
En muchos casos, dichas instancias dan el tratamiento al conflicto, pero no lo solucionan y, peor aún, lo agudizan.
Si bien un conflicto se puede resolver a través de una negociación o una mediación entre las partes, existen vías de solución con mecanismos y procedimientos institucionales que conforman las denominadas “alternativas” a la justicia formal. Existe, no obstante, una amplia discusión respecto de cuales son las opciones más adecuadas para procesar los conflictos sociales.
Cualquier ciudadano debe tener acceso a la justicia, a fin de defender y proteger sus derechos fundamentales. Ello, ha impulsado en los países la “reforma judicial” donde, no obstante y a pesar de los grandes esfuerzos y adelantos mostrados, aun prevalecen, en muchos, enormes áreas de oportunidad y retos por superar.
El Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. La gente, sin embargo, opta por no acudir a las instancias de impartición de justicia ya que lo considera inútil, o bien, desconoce sus derechos, siente temor e incertidumbre ante la justicia o los costos son, en su percepción, altos.
Ante ello, y con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho en México y hacer efectivos los derechos de los mexicanos, así como de resolver de manera pacífica y ordenada los conflictos de la vida democrática, un grupo de investigadores organizaron una serie de foros de consulta denominados Justicia Cotidiana.
Al identificar los problemas que la ciudadanía enfrenta en su cotidianidad, es posible proponer acciones concretas a mejorar el acceso a la justicia en el país y, el conocerlas, es la obligación de todo ciudadano para que, más allá de ser parte del problema, sea parte de la solución.
Infórmate para reivindicar tus derechos:
1) Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana,
preparado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentado en Abril del 2015, y entregado al titular del Ejecutivo Federal.
2) Parlamento abierto de Justicia Cotidiana,
de la Cámara de Diputados, para mantenerte informado sobre sus actividades y avances en la materia.
¿Tienes alguna propuesta personal para lograr que se haga justicia ante cualquier injusticia? Compártela y sé parte de la propuesta general de acciones por la justicia.
