El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 ofrece algo distinto a una encuesta de percepción o victimización. Es una radiografía de las instituciones que reciben, investigan y procesan los casos que llegan ante ellas: su personal, presupuesto, agencias, investigaciones, determinaciones, órdenes judiciales, servicios periciales y mecanismos alternativos. Su propósito es generar información que permita evaluar su desempeño y mejorar las políticas públicas.
La fotografía corresponde principalmente a 2025 y muestra un aparato considerable: la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales contaron con 117,810 servidoras y servidores públicos, 2.8% más que un año antes. En conjunto ejercieron 81,209 millones de pesos.
No estamos, por tanto, frente a un sistema pequeño. La pregunta ciudadana debería ser otra: ¿qué está consiguiendo con esos recursos?
Durante 2025 se abrieron 2 millones 64 mil 775 carpetas de investigación, 3.5% menos que en 2024, no obstante, al terminar el año existían 2 millones 916 mil 624 procedimientos pendientes de concluir, 10.4% más que el año anterior.
Ese contraste merece atención. No significa que casi tres millones de asuntos abiertos ese mismo año hayan quedado sin resolver —los pendientes incluyen procedimientos provenientes de ejercicios anteriores y una carpeta puede contener más de uno—, pero sí revela una acumulación creciente de trabajo que el sistema necesita procesar.
Existe otro dato que debería interesarnos particularmente. De las carpetas abiertas durante 2025, 60.8% se registraron sin persona imputada, es decir, sin alguien señalado en esa condición al momento del registro. Para una institución investigadora, identificar responsables, obtener evidencia suficiente y convertir información inicial en casos sólidos constituye una parte central del desafío.
Sin ciudadanos que aporten datos, las fiscalías trabajan a ciegas.
Las fiscalías estatales reportaron además 1.8 millones de determinaciones o conclusiones en investigación inicial. De ellas, 39.5% correspondió al no ejercicio de la acción penal por alguna causal de sobreseimiento (cierre del caso), 30.8% a archivo temporal y 15.2% al ejercicio de la acción penal. Estas proporciones tampoco pueden interpretarse automáticamente como una medida de impunidad: cada expediente tiene circunstancias diferentes y las determinaciones pueden corresponder a asuntos iniciados en años anteriores. Pero sí nos recuerdan cuánto depende el resultado de la calidad de la investigación, de la información disponible y de la capacidad para acreditar los hechos.
Algo parecido ocurre con las órdenes judiciales. El año comenzó con 188,845 pendientes de cumplimiento; durante 2025 se giraron 119,277 y se concluyeron 99,228. Al cierre permanecían pendientes 204,132, más que al inicio. El dato refleja que procurar justicia no termina cuando se integra un expediente: también depende de localizar personas, ejecutar mandamientos, coordinar instituciones y dar continuidad a los procedimientos.
El censo muestra, al mismo tiempo, que existen vías capaces de descargar parte de la presión institucional cuando la ley lo permite. Durante 2025 se concluyeron 286,045 expedientes mediante mecanismos alternativos de solución de controversias y 46.5% terminó con acuerdos reparatorios alcanzados por las partes. Resolver adecuadamente ciertos conflictos sin llevar cada asunto hasta un proceso largo puede liberar capacidades para concentrarlas donde realmente son indispensables.
Persiste, sin embargo, una pieza que esta radiografía institucional no puede mostrar por sí sola: todo aquello que nunca llega al sistema. La ENVIPE 2026 estimó que solamente 9% de los hechos fueron denunciados y que la cifra oculta alcanzó 93.4%.
Ahí también entramos nosotros.
Es legítimo exigir fiscalías profesionales, suficientes investigadores, peritos capacitados, tecnología, coordinación y resultados. Pero una procuración más eficaz necesita igualmente ciudadanos que aporten información útil y den seguimiento a sus casos. Denunciar no garantiza por sí mismo una resolución; no hacerlo reduce aún más la información disponible para conocer patrones, zonas, personas afectadas y formas de operación.
Cinco acciones están directamente en nuestras manos:
- Reportar cuando existan condiciones de seguridad para hacerlo. Cada caso que permanece invisible limita la capacidad institucional para conocer la dimensión y los patrones del problema.
- Aportar información de calidad. Fechas, horarios, documentos, fotografías, números telefónicos, videos, comprobantes y otros indicios pueden ser mucho más útiles que una descripción general. Preservarlos correctamente también importa.
- Dar seguimiento. Conservar el número de carpeta, preguntar por avances, atender citatorios y ejercer los derechos reconocidos a víctimas y denunciantes evita que nuestra participación termine el día que acudimos ante la autoridad.
- Utilizar los mecanismos alternativos cuando procedan. En determinados conflictos permiten obtener reparación y soluciones más rápidas, mientras las capacidades de investigación se destinan a asuntos que requieren una respuesta distinta.
- Evaluar con datos y participar. Consejos ciudadanos, organizaciones vecinales, universidades y sectores empresariales pueden observar indicadores, detectar problemas recurrentes y exigir mejoras concretas. La participación ciudadana funciona mejor cuando pasa de la queja general a preguntas medibles.
- Reportar cuando existan condiciones de seguridad para hacerlo. Cada caso que permanece invisible limita la capacidad institucional para conocer la dimensión y los patrones del problema.
El Censo 2026 muestra instituciones que trabajan, reciben millones de asuntos y realizan millones de actuaciones. Muestra, además, pendientes que crecen y enormes desafíos para transformar información inicial en resultados.
La procuración de justicia es responsabilidad del Estado, y así debe continuar, pero la información con la que ese sistema trabaja comienza muchas veces con nosotros.
Exigir mejores instituciones y convertirnos en ciudadanos mejor informados, participativos y responsables son tareas que pueden avanzar juntas. Una sociedad más segura necesita autoridades que hagan mejor su trabajo, pero también ciudadanos que hagan la parte que les corresponde.
