La ENVIPE 2026 estima que durante 2025 hubo 23 millones de víctimas adultas y 33.8 millones de delitos. Pero el dato más revelador es otro: 93.4% de los delitos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.
Sólo 9% de los delitos se denunció. Y aun cuando hubo investigación, 38.1% de las víctimas reportó que no pasó nada y 39.5% que el asunto seguía en trámite. Apenas 1.1% del total de delitos tuvo algún resultado positivo para la persona denunciante durante el periodo.
La encuesta no mide jurídicamente la impunidad, pero sí muestra un enorme vacío entre el delito cometido y una consecuencia efectiva.
Frente a esta realidad, algunos especialistas, académicos y colectivos de víctimas han planteado que México podría necesitar, a futuro, mecanismos extraordinarios de justicia.
Uno de ellos es la justicia transicional.
¿Qué significa?
La justicia transicional surgió en países que salían de dictaduras, guerras civiles o periodos de violencia masiva, cuando los sistemas ordinarios eran incapaces de resolver miles de homicidios, desapariciones y violaciones de derechos humanos.
No significa simplemente perdonar. Tampoco negociar impunidad. Busca combinar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.
Puede incluir comisiones de la verdad, búsqueda de desaparecidos, procesos contra máximos responsables, reparación colectiva y reformas institucionales.
La lógica es sencilla: no basta con saber quién ejecutó un delito; hay que conocer quién ordenó, financió, protegió, permitió y se benefició de la violencia.
¿Por qué hablar de esto en México?
México no está saliendo de una guerra civil tradicional. Nuestro problema es distinto: delincuencia organizada, desapariciones, extorsión, corrupción, economías ilegales y, en algunas regiones, conexiones entre estructuras criminales y actores legales.
De ahí que algunos especialistas hablen de macrocriminalidad: redes que van mucho más allá del autor material.
Desde espacios académicos y organizaciones mexicanas dedicadas a víctimas y justicia transicional se insiste en una condición esencial: cualquier proceso de este tipo necesitaría primero un Estado capaz de investigar, juzgar y proteger a las víctimas.
No sería una solución inmediata ni un sustituto de policías, fiscalías o tribunales.
Sería, eventualmente, una herramienta para enfrentar aquello que el sistema ordinario no ha logrado resolver.
La nueva ENVIPE ayuda a entender por qué. La extorsión fue el segundo delito más frecuente en 2025, con una tasa de 6,831 por cada 100 mil habitantes, y registró una cifra oculta de 97.5%.
Cuando casi todo un mercado criminal permanece fuera de la justicia, la impunidad deja de ser sólo una consecuencia. Puede convertirse en una condición que permite que el delito continúe.
Otros países ya recorrieron ese camino
Argentina combinó comisiones de verdad y juicios después de la dictadura militar.
Sierra Leona utilizó una Comisión de la Verdad y un tribunal especial después de su guerra civil.
Colombia, después del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, creó un sistema que combina justicia especial, verdad, búsqueda de desaparecidos y reparación.
Ninguno de esos procesos eliminó todos los problemas de violencia.
Pero sí demostraron que verdad, justicia y reparación pueden formar parte de una estrategia para cerrar ciclos que la justicia ordinaria no consiguió resolver.
Cinco condiciones para México
- Las víctimas deben estar en el centro.
No puede convertirse en un acuerdo entre gobierno y grupos criminales dejando fuera a quienes padecieron la violencia. - Investigar redes completas.
Hay que llegar a quienes ordenan, financian, protegen o se benefician del delito. - Diferenciar colaboración de impunidad.
Pueden existir incentivos para quien aporte verdad y ayude a reparar daños, pero no un borrón y cuenta nueva para los máximos responsables. - Fortalecer las instituciones.
Un mecanismo extraordinario difícilmente funcionará con fiscalías débiles, corrupción o autoridades infiltradas. - Garantizar la no repetición.
La meta no puede limitarse a bajar temporalmente los homicidios, sino evitar que las mismas estructuras criminales vuelvan a reproducirse.
- Las víctimas deben estar en el centro.
Cuando denunciar parece no valer la pena
La ENVIPE muestra otro dato especialmente preocupante: entre las razones atribuibles a la autoridad para no denunciar, 35.8% menciona pérdida de tiempo y 13% desconfianza en la autoridad.
Cuando una víctima deja de creer que acudir a la justicia sirve de algo, el Estado pierde información, capacidad de investigación y confianza ciudadana.
Por eso hablar de justicia transicional no significa proponer mañana una negociación con el crimen organizado. Significa empezar a preguntarnos qué hacemos con décadas de violencia, víctimas, desapariciones e impunidad acumulada.
La justicia transicional no sería un atajo para evitar la justicia.
Bien diseñada, podría convertirse precisamente en lo contrario: una forma extraordinaria de volver a hacer posible la justicia allí donde la impunidad terminó convirtiéndose en parte del problema.
