El Índice de Paz México 2026 presenta una noticia alentadora, pero también una advertencia de fondo: en 2025, la paz en México mejoró 5.1%, la mayor mejora registrada en la historia del índice. El dato es relevante porque rompe una larga etapa de deterioro y confirma seis años consecutivos de avances graduales. Sin embargo, el propio informe advierte que México sigue siendo 9.9% menos pacífico que en 2015, lo que obliga a leer el resultado con prudencia.
La mejora se explica principalmente por una fuerte caída en la tasa de homicidios, que disminuyó 22.7%, equivalente a casi 7 mil muertes menos que en 2024. Aun así, la violencia sigue estando en niveles altos frente a los estándares históricos del país. El índice señala que los delitos cometidos con armas de fuego, los crímenes de la delincuencia organizada y la violencia de género continúan siendo factores estructurales del deterioro de la paz.
Históricamente, el informe muestra dos grandes momentos: un fuerte deterioro entre 2015 y 2019, y una mejora sostenida desde 2020. El punto más grave se alcanzó alrededor de 2019; desde entonces, México ha mejorado 10.4%. Pero el avance no es parejo. Yucatán se mantiene como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, mientras que Colima sigue siendo el menos pacífico; Sinaloa, por su parte, registró el mayor deterioro reciente debido al conflicto interno del Cártel de Sinaloa.
El documento es particularmente claro en un punto: la delincuencia organizada sigue siendo el principal motor de la violencia extrema. Desde 2007, los cambios en los homicidios han estado fuertemente asociados con dinámicas criminales, y la fragmentación de cárteles ha sido uno de los factores que más ha incrementado la violencia en distintos periodos.
Ese dato debe preocuparnos. Cuando un grupo criminal se debilita, no necesariamente llega la paz de manera automática. Muchas veces llega una disputa por sucesión, territorio, rutas, plazas y mercados ilícitos. Eso es precisamente lo que el informe advierte respecto de Sinaloa y del posible reacomodo de estructuras criminales tras golpes importantes a liderazgos delictivos.
A este escenario se suma una tensión política delicada. En fechas recientes, medios internacionales han reportado investigaciones y acusaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios y actores políticos mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno mexicano ha pedido pruebas y ha cuestionado posibles motivaciones políticas. Este contexto no debe utilizarse para alimentar rumores, pero sí obliga a reconocer que la relación entre crimen organizado, poder local y política pública es uno de los desafíos más sensibles para la paz en México.
El índice también revela otras señales preocupantes. Desde 2015, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 92.5%, impulsada por el crecimiento del narcomenudeo y la extorsión. Además, la violencia familiar y la violencia sexual han crecido de forma alarmante: la violencia sexual aumentó 176% y la violencia familiar 107% en la última década.
La paz no se consolida solo bajando algunos indicadores. Se consolida cuando el Estado recupera capacidad, cuando la ciudadanía participa, cuando la información se usa con seriedad, cuando las autoridades investigan sin sesgo y cuando la sociedad deja de normalizar la violencia como parte inevitable de la vida nacional.
Esto significa que México no solo enfrenta violencia en las calles o disputas entre grupos criminales. También enfrenta violencia dentro de los hogares, miedo social, desapariciones, extorsión y deterioro institucional. La paz no puede medirse únicamente por la reducción de homicidios; debe entenderse como la capacidad de vivir sin miedo, con instituciones confiables y con comunidades capaces de resolver conflictos sin violencia.
El costo económico de esta realidad sigue siendo enorme. El informe estima que el impacto económico de la violencia en 2025 fue de cuatro billones de pesos, equivalente a cerca del 11% del PIB. Aunque esta cifra disminuyó respecto del año anterior, sigue representando una carga descomunal para familias, empresas y gobiernos.
El gran desafío hacia adelante será no confundir una mejora estadística con una solución estructural. México puede estar frente a una oportunidad, pero también frente a un riesgo: si las instituciones no se fortalecen, si la justicia no funciona, si la impunidad permanece y si la política sigue siendo vulnerable a intereses criminales, los avances pueden revertirse.
El Índice de Paz México 2026 debe leerse con esperanza, pero no con ingenuidad. Nos dice que mejorar es posible. Pero también nos recuerda que la paz no se decreta: se construye, se mide, se protege y se defiende todos los días.
