La extorsión continúa avanzando como uno de los problemas de seguridad más graves de México.
La ENVIPE 2026, que mide los delitos ocurridos durante 2025, estima una tasa de 6,831 extorsiones por cada 100 mil habitantes, frente a 5,971 en 2024, representando un incremento de aproximadamente 14%. Con ello, ésta se convirtió en el segundo más frecuente del país, solamente después del fraude, y representó 19.8% de todos los casos estimados.
Pero existe un dato todavía más preocupante; 97.5% de las extorsiones no fueron denunciadas o no derivaron en una carpeta de investigación. Únicamente el secuestro presentó una cifra oculta superior, con 98.2%.
Es decir, estamos frente a un ilícito que crece, se extiende y, al mismo tiempo, permanece casi completamente fuera del conocimiento efectivo de las autoridades y allí radica buena parte de su fortaleza.
Mucho más que una llamada telefónica
Cuando escuchamos referencias a ésta, solemos imaginar una llamada amenazante solicitando dinero. Pero el fenómeno es mucho más amplio.
Puede consistir en exigir dinero, bienes, servicios u obediencia mediante amenazas; imponer cuotas periódicas a comerciantes, transportistas o productores; cobrar por permitir trabajar o circular, o presentarse falsamente como proveedor de “protección”.
Los teléfonos y aplicaciones de mensajería permiten, además, multiplicar estos casos a distancia. Pero existe una diferencia fundamental entre un intento oportunista y una que comienza a instalarse sistemáticamente en una comunidad.
Cuando comerciantes, familias o empresas incorporan el pago de una cuota como parte de su vida cotidiana, quien se los impone deja de buscar solamente dinero e inicia a ejercer control.
Cuando pagar se vuelve costumbre
Este tipo de presión puede evolucionar hasta convertirse en una forma de gobernanza criminal.
El grupo amenaza, cobra, establece reglas, controla actividades y puede terminar sustituyendo parcialmente funciones que deberían corresponder al Estado.
El mayor peligro se presenta cuando la sociedad se adapta a ésta, la integra en su día a día. El comerciante incorpora la cuota a sus costos. El transportista sabe qué día debe pagar. La familia aprende qué lugares evitar y el silencio se torna parte del sistema.
La ENVIPE ayuda a dimensionar ese problema. En 2025, 91% del total de casos del país ni siquiera fue denunciado, y la cifra oculta general representó un 93.4%.
En extorsión, ese silencio es todavía mayor: 97.5%.
El silencio también alimenta el negocio
Su funcionamiento es mediante la instauración del miedo. Y quien lo realiza sabe que una víctima aislada es mucho más vulnerable. El temor a represalias, la desconfianza en las autoridades y la percepción de que denunciar “no servirá para nada” ayudan a mantenerle invisible.
La propia ENVIPE muestra que 60.8% de la no denuncia en México se relacionó con causas atribuibles a la autoridad. La principal fue considerar la denuncia una pérdida de tiempo; la segunda, desconfiar de la autoridad.
Por eso sería demasiado sencillo pedir únicamente que los afectados denuncien. Las instituciones también necesitan lograr que denunciar sea seguro, rápido, sencillo y útil.
México cuenta desde julio de 2025 con una Estrategia Nacional y con el 089 como canal nacional para reportarla. Esto representa un avance, pero ningún mecanismo podrá alcanzar todo su potencial mientras casi la totalidad del fenómeno continúe oculta.
Cinco acciones para comenzar a romper el ciclo
- Romper el silencio sin exponerse.
No confronte personalmente a quien lo aproxima. Conserve números, mensajes, cuentas, horarios u otra información que sea de utilidad para cuando hacerlo sea seguro. Utilice los canales institucionales; ante peligro inmediato llame al 089. - Convertir casos aislados en información.
Identificar zonas, modalidades, horarios, personas afectadas recurrentemente y patrones permite comprender si existen hechos aislados o una estructura que comienza a establecerse. - Organizarse antes de quedar solos.
Cámaras empresariales, comerciantes, transportistas, vecinos y organizaciones civiles pueden generar canales seguros para compartir información y solicitar apoyo institucional. Una amenaza colectiva difícilmente puede enfrentarse únicamente con soluciones individuales. - Proteger información y reducir oportunidades.
Empresas y familias deben revisar quién conoce ingresos, rutas, proveedores, horarios, movimientos de mercancías y datos personales. Muchas veces las amenazas inician con información que permite al atacante identificar vulnerabilidades. - No normalizar el pago.
Una cuota aparentemente “manejable” puede convertirse en el primer paso hacia un sistema permanente de control. Tampoco la justicia por propia mano es la solución. La respuesta a largo plazo requiere coordinación entre ciudadanía, empresas y autoridades.
- Romper el silencio sin exponerse.
Que el miedo no termine convirtiéndose en impuesto
Este tipo de chantaje produce mucho más que pérdidas económicas. Puede cerrar negocios, alterar rutas comerciales, provocar desplazamientos, destruir empleos, modificar hábitos familiares y debilitar la autoridad del Estado.
La nueva ENVIPE nos deja una advertencia particularmente seria: estas amenazas aumentaron, ya ocupan el segundo lugar entre los delitos más frecuentes y prácticamente 98 de cada 100 casos permanecen fuera de una investigación formal.
No podemos acostumbrarnos a esos números.
Debemos comprender que este tipo de presiones se presentan cuando alguien obtiene información, identifica una vulnerabilidad y descubre que puede imponer miedo. Pero se consolida cuando el pago se vuelve rutina y el silencio se hace costumbre.
Reducir la cifra oculta debe considerarse una estrategia clave para enfrentar este problema.
Mientras las autoridades desconozcan la verdadera dimensión, ubicación y funcionamiento del fenómeno, estaremos intentando combatir únicamente aquello que alcanzamos a ver.
Y hoy, según la ENVIPE 2026, apenas estamos viendo una pequeña fracción del problema.
