Cuando las reglas cambian de lugar

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Una empresa puede seguir abierta, vender sus productos, pagar nómina y aparentemente operar con normalidad. Pero si para hacerlo tiene que entregar periódicamente una cantidad a un grupo que le impone condiciones, algo fundamental ya cambió: una parte de la autoridad sobre esa actividad económica dejó de estar exclusivamente en manos del Estado.

Ésta es una de las reflexiones más importantes del estudio Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, 2015-2026, de México Evalúa. El documento propone mirar esta problemática más allá de las llamadas amenazantes y observarla también como un mecanismo capaz de afectar empresas, cadenas productivas, comunidades y territorios completos.

Los datos llaman la atención. Entre enero y septiembre de 2026 se registró una tasa de víctimas por habitante 65% superior a la observada en el mismo periodo de 2015. El crecimiento ocurrió principalmente entre 2019 y 2022 y, desde entonces, el indicador se ha mantenido prácticamente en una meseta alta. Mientras otros indicadores de violencia han disminuido, éste no ha seguido necesariamente la misma trayectoria.

Esto obliga a revisar una idea muy arraigada: medir la seguridad únicamente por el número de homicidios puede ofrecer una fotografía incompleta.

Puede disminuir la violencia letal y, al mismo tiempo, existir más comerciantes, transportistas o productores sometidos a amenazas para poder continuar trabajando. El miedo puede mantenerse sin necesidad de disparar todos los días. En algunos lugares, precisamente cuando un grupo ha conseguido imponer reglas, la violencia visible puede incluso disminuir.

El estudio distingue tres formas que ayudan a comprender mejor el fenómeno.

La primera es episódica: una llamada, mensaje o amenaza puntual que busca obtener dinero. La segunda es rentista: pagos recurrentes, como el conocido cobro de piso. La tercera aparece cuando esa capacidad se extiende al territorio y permite imponer quién vende, quién transporta, cuánto paga, qué puede hacerse y qué consecuencias existen para quien desobedece. En ese último escenario estamos frente a algo más profundo: una forma de poder criminal sobre la vida económica y comunitaria.

La geografía también aporta información muy interesante. Tres regiones —Centro, Bajío-Occidente y Norte— concentran 85% de las víctimas registradas, aunque reúnen 69% de la población. Son precisamente zonas donde se encuentran buena parte de la manufactura, industria automotriz, logística, exportaciones y mercados de consumo del país.

Cuando un negocio paga para operar, el costo difícilmente termina ahí. Puede incorporarse al precio de los productos, reducir márgenes, afectar inversiones, modificar rutas, encarecer transportes o terminar trasladándose a proveedores y consumidores.

Por eso este problema también debe observarse como un asunto de competitividad y desarrollo económico.

Otro hallazgo resulta todavía más revelador. La Estrategia Nacional presentada en 2025 concentró esfuerzos en ocho entidades. Entre 2025 y 2026 los registros en esos estados disminuyeron 13%; sin embargo, en el resto del país aumentaron 30%.

Actualmente, seis de las nueve entidades con mayores tasas se encuentran fuera de aquella lista inicial.Es decir, el problema puede moverse más rápido que nuestras estrategias.

Al acercar todavía más la lupa aparece algo que debería interesar especialmente a autoridades locales y empresarios: de 729 municipios que registraron víctimas durante los primeros nueve meses de 2026, solamente 42 concentraron la mitad de los casos. Entre ellos aparecen corredores como Irapuato-Salamanca-Celaya, la periferia de Monterrey y el oriente de Morelos.

La prevención, por tanto, necesita dejar de pensar únicamente en estados completos y comenzar a observar corredores, mercados, actividades económicas y territorios específicos.

Existe además otro enorme problema: lo que conocemos oficialmente representa apenas una parte de la realidad. La ENVIPE 2026 estimó una cifra oculta de 97.5% para esta modalidad. El propio documento advierte que en algunos sitios un número reducido de denuncias puede significar menos casos, pero también más miedo, desconfianza o dificultades para reportar.

¿Qué podemos hacer frente a un fenómeno de esta naturaleza?

      1. Diferenciar la modalidad. Una llamada aislada requiere una respuesta distinta al pago recurrente de un negocio o al control ejercido sobre un territorio.

      2. Compartir información de manera segura. Cámaras empresariales, comerciantes, transportistas y organizaciones pueden ayudar a detectar patrones sin exponer innecesariamente a las personas afectadas.

      3. Mirar el territorio. Identificar corredores, horarios, sectores afectados y formas de operación puede resultar más útil que observar únicamente cifras estatales.

      4. Seguir el dinero y las redes. Detener a quien realiza el cobro puede ser insuficiente si la estructura que lo sustituye permanece intacta. El estudio propone orientar la investigación hacia las redes y sus recursos económicos.

      5. Fortalecer la capacidad local. Mercados, calles y corredores comerciales ocurren en territorios concretos. Policías de proximidad, gobiernos municipales, fiscalías y autoridades estatales necesitan compartir información y trabajar coordinadamente.

Hace unos días comentábamos en nuestra edición “Extorsión: del 089 al seguimiento nacional” la creación del CADDE y la posibilidad de que un reporte ciudadano deje de ser simplemente un dato aislado para convertirse en información útil al relacionarse con números telefónicos, cuentas, perfiles, territorios y otros casos.

Este nuevo estudio ayuda a completar aquella reflexión.

El 089 y el CADDE pueden fortalecer la puerta de entrada de la información. El reto siguiente será utilizar esa información para entender qué está ocurriendo detrás: si estamos ante una amenaza ocasional, una red que cobra periódicamente o una organización que ya está imponiendo reglas sobre una actividad económica o un territorio.

Recibir el reporte es indispensable, pero entender el sistema que existe detrás de él es lo que puede permitir desarticularlo.

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