Durante décadas, los mexicanos hemos escuchado una frase que se repite cada vez que ocurre una crisis de violencia, una acusación de corrupción o un escándalo relacionado con el crimen organizado: “la seguridad no debe politizarse”.
La intención parece razonable. Después de todo, la seguridad debería ser un asunto de Estado, no de partidos políticos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.
Los acontecimientos recientes han colocado nuevamente bajo los reflectores una pregunta incómoda que pocas veces nos atrevemos a formular de manera abierta: ¿Es realmente posible deslindar la seguridad de la política?
Y quizá la respuesta más honesta sea que no. La seguridad y la política son inseparables. Las leyes las hacen los políticos. Los presupuestos los aprueban los políticos. Los nombramientos de mandos superiores suelen pasar por decisiones políticas. Las estrategias nacionales de seguridad son diseñadas y ejecutadas por gobiernos electos.
Pretender separar completamente ambos mundos sería imposible, pero existe una diferencia fundamental entre que la seguridad sea influida por decisiones políticas y que quede subordinada a intereses políticos, y ahí es donde comienza el verdadero problema.
Cuando la confianza se convierte en un asunto de seguridad
México atraviesa un momento particularmente delicado.
En los últimos meses han aparecido denuncias, investigaciones y señalamientos provenientes de diversas fuentes respecto de presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales. Algunas de estas acusaciones han sido rechazadas por las autoridades mexicanas, mientras otras continúan siendo objeto de investigación o controversia pública.
No corresponde a nadie condenar anticipadamente a personas o instituciones sin que existan procesos legales concluyentes. Pero tampoco puede ignorarse un hecho evidente: la mera existencia de estas acusaciones genera incertidumbre y la incertidumbre erosiona la confianza; la confianza de los ciudadanos, la confianza de los inversionistas, la confianza de las instituciones y, finalmente, la confianza en el Estado de Derecho.
Cuando una sociedad comienza a preguntarse si las decisiones de seguridad responden al interés público o a intereses particulares, el daño institucional puede ser enorme, independientemente del desenlace judicial de cada caso.
Una pregunta que otros países también enfrentaron
México no es el primer país que enfrenta esta situación. Italia vivió durante décadas la infiltración de la mafia en gobiernos locales y regionales. Colombia enfrentó la penetración del narcotráfico en estructuras políticas durante los años más violentos del conflicto con los carteles. Georgia, tras la caída de la Unión Soviética, enfrentó redes criminales profundamente incrustadas en instituciones públicas.
Ninguno de estos países resolvió el problema “sacando la política de la seguridad”. Lo que hicieron fue algo distinto; buscaron profesionalizar la seguridad, fortalecer instituciones, reducir espacios de discrecionalidad, crear mecanismos de control independientes, incrementar la transparencia, fortalecer sistemas de carrera policial y ministerial, así como construir capacidades institucionales que sobrevivieran a los cambios de gobierno.
En otras palabras: No eliminaron la política. Intentaron evitar que la seguridad dependiera exclusivamente de ella.
El riesgo de personalizar la seguridad
Uno de los grandes errores que suelen cometer las sociedades es creer que la solución a los problemas de seguridad depende únicamente de una persona. Un presidente. Un gobernador. Un alcalde. Un secretario. Un fiscal. Un policía famoso.
La historia demuestra que cuando la seguridad depende excesivamente de individuos, también se vuelve vulnerable a los cambios políticos. Lo que verdaderamente genera resultados sostenibles son las instituciones, las reglas, los controles, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Y aunque los gobiernos cambian, los partidos cambian y las administraciones terminan, las instituciones permanecen o deberían permanecer.
Tal vez la pregunta correcta no sea si debemos separar la política de la seguridad. Quizá la pregunta correcta sea: ¿Cómo evitar que los intereses políticos de corto plazo dominen las decisiones de seguridad de largo plazo?
Eso implicaría, entre otras cosas, que los diagnósticos se basen en evidencia y no en discursos. Que las estadísticas sean confiables y transparentes. Que las instituciones técnicas tengan continuidad. Que las estrategias sobrevivan a los ciclos electorales. Que la evaluación de resultados sea objetiva y que la participación ciudadana tenga un papel más relevante en la supervisión y construcción de políticas públicas.
Convertir la seguridad en herramienta de confrontación política implica que todos pierdan.
Una reflexión para México
Quizá una de las grandes lecciones que deja este momento histórico es que la seguridad no puede seguir siendo vista exclusivamente como un problema policial, militar o partidista.
La seguridad es, en esencia, una condición para el desarrollo. Sin seguridad no hay inversión. Sin seguridad no hay confianza. Sin seguridad no hay cohesión social. Sin seguridad no hay paz y, precisamente por ello, resulta demasiado importante para dejarla atrapada en la lógica de las disputas políticas cotidianas.
México necesita más información y menos propaganda. Más evidencia y menos consignas. Más instituciones y menos personalismos. Más participación ciudadana y menos espectadores.
Al final del día, la verdadera pregunta no es si la política debe intervenir en la seguridad. La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir instituciones suficientemente sólidas para que la seguridad de los mexicanos no dependa de quién gane la próxima elección.
Y quizá ahí se encuentre el verdadero punto de inflexión que el país ha estado buscando durante décadas.
