Durante años hemos hablado de la inseguridad desde la perspectiva de las víctimas directas. Nos preocupan —y con razón— los robos, las extorsiones, los fraudes, los secuestros o la violencia que afecta a personas y empresas.
Sin embargo, existe otro daño menos visible, más silencioso y posiblemente más profundo: el daño que la inseguridad ocasiona al desarrollo económico y social de una nación.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2024) del INEGI estima que durante 2023 aproximadamente 1.3 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito y que se cometieron cerca de 2.9 millones de delitos contra empresas en el país. La extorsión continúa siendo el delito más frecuente para el sector empresarial.
Pero la cifra más interesante quizá no sea cuántos delitos ocurrieron. Lo verdaderamente preocupante es todo aquello que deja de construirse cuando una sociedad vive permanentemente preocupada por la inseguridad.
Cada incidente arrastra consigo decisiones empresariales que no figuran en los números oficiales: una expansión que se pospone, una planta que no se construye, una contratación que no se realiza, un turno nocturno que se cancela, una inversión que se redirige a otro país, un proyecto que simplemente deja de ser viable.
Cuando eso ocurre una vez, el impacto parece pequeño. Cuando ocurre miles de veces, termina afectando el crecimiento económico de regiones enteras.
Hoy México vive una paradoja interesante.
Por un lado, el país sigue atrayendo niveles históricos de inversión extranjera directa. Los datos más recientes muestran cifras récord impulsadas por la relocalización de cadenas productivas, el fenómeno del nearshoring y la posición estratégica de México dentro del mercado norteamericano.
Al mismo tiempo, no obstante, diversos analistas, organismos financieros y el propio Banco de México han advertido sobre una desaceleración de la inversión fija y una creciente preocupación por factores que afectan la confianza de los inversionistas, entre ellos la incertidumbre regulatoria, la revisión futura del T-MEC, la disponibilidad de infraestructura y, por supuesto, las condiciones de seguridad en distintas regiones del país.
En otras palabras, México sigue siendo atractivo, pero también se ha vuelto más complejo. Cuando los inversionistas evalúan dónde colocar cientos o miles de millones de dólares, no solamente observan costos laborales, incentivos fiscales o cercanía con Estados Unidos, también observan certidumbre, observan gobernabilidad, observan Estado de Derecho, observan estabilidad social, observan seguridad.
El capital se mueve con una lógica simple: oportunidades sí, pero siempre bajo previsibilidad. Nadie espera operar en un entorno perfecto. Lo que sí esperan las empresas es poder anticipar riesgos razonablemente y desarrollar sus actividades dentro de un marco de estabilidad.
Por eso, quizá la mayor reflexión que deja la ENVE no sea cuánto dinero se pierde por delitos. La verdadera reflexión es cuánto potencial de desarrollo se pierde cuando la inseguridad se convierte en una variable permanente del entorno de negocios.
Diversos especialistas en inversión y desarrollo económico han señalado que la inseguridad funciona como una especie de impuesto invisible. No aparece en las leyes fiscales ni en los estados financieros, pero termina elevando costos operativos, reduciendo productividad y limitando la capacidad de crecimiento de las regiones.
Ese costo no solamente lo absorben las empresas. Lo absorben también:
- los trabajadores que no encuentran empleo;
- los jóvenes que ven menos oportunidades;
- las comunidades que dejan de recibir inversiones;
- y las familias que observan cómo se reduce el dinamismo económico de sus localidades.
Por ello, la seguridad no debe entenderse únicamente como una demanda ciudadana o una obligación gubernamental. Debe entenderse como un requisito indispensable para el desarrollo.
Ninguna estrategia de crecimiento económico puede sostenerse durante mucho tiempo en un entorno donde la incertidumbre termina desplazando la confianza y precisamente la confianza, al final del día, es el verdadero combustible de la inversión.
Cinco reflexiones que vale la pena considerar
La primera es entender que la seguridad y el desarrollo económico no son temas separados. Son dos caras de la misma moneda.
La segunda consiste en reconocer que la confianza se construye lentamente, pero puede perderse muy rápido cuando prevalece la incertidumbre.
La tercera es recordar que la prevención del delito no beneficia únicamente a las potenciales víctimas; también fortalece la competitividad de ciudades, regiones y países.
La cuarta es comprender que la inversión sigue a las oportunidades, pero permanece donde encuentra estabilidad y certidumbre.
Y la quinta es quizá la más importante: la lucha contra la inseguridad no debe verse solamente como una tarea policial. También es una estrategia de desarrollo social, económico y humano.
El daño más profundo de la inseguridad no está en lo que destruye, sino en lo que impide construir. Y en un país con el potencial de México, esa es una pérdida que simplemente no podemos permitirnos.
