A fin de agrupar en un mismo comité a las distintas instituciones encargadas de combatir la corrupción en México, y con el objetivo de actuar de forma coordinada, alineándose por vez primera bajo una Política Nacional Anticorrupción (PNA), la reforma constitucional del 2015 estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El comité coordinador del sistema será presidido por un comité ciudadano que definirá la política nacional anticorrupción, administrará la plataforma de declaraciones de servidores públicos y el Registro Nacional de Servidores Públicos, definirá políticas públicas que aseguren la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción y propondrá y evaluará políticas a través de un secretariado técnico de la corrupción.
El funcionamiento del SNA precisa el trabajo coordinado de 7 instituciones:
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
- Secretaría de la Función Pública.
- Auditoría Superior de la Federación.
- Fiscalía Especializada Anticorrupción.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- Consejo de la Judicatura.
- Comité Ciudadano.
Para dar seguimiento puntual a la información que se genere, fue creada la Plataforma Digital Nacional (PDN), cuyos sistemas permitirán consultar e intercambiar, de manera rápida y sencilla, la información de la administración gubernamental, requiriendo homologar los criterios y procesos para realizar auditorías al gasto gubernamental.
El Sistema Nacional Anticorrupción precisa modificar las siguientes legislaciones:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Que define la manera en que se coordinarán y colaborarán las instituciones dentro del sistema y para establecer el Comité Coordinador que determinará la elaboración de políticas públicas y los mecanismos de participación ciudadana, amén de la características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional.
Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3).
Propuesta por la sociedad civil y que establece las obligaciones que todos los servidores públicos deberán cumplir, los tipos de corrupción, así como los procedimientos para detección, investigación y sanción.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Para determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal encargado de juzgar los posibles actos de corrupción que investiguen las autoridades, garantizando que un cuerpo autónomo sea quien juzgue las faltas administrativas graves.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Para dar marcha atrás a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), manteniéndola como el órgano de gobierno encargado del control interno de la Administración Pública Federal, encargado además de la investigación de responsabilidades administrativas graves y no graves, garantizando que quienes decidan sobre los actos de corrupción no sean subordinados de los acusados.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Para dotar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de mayores facultades y herramientas de investigación que permitan una fiscalización, en tiempo real, de los recursos federales. Permitiendo, por vez primera, que fiscalicen las participaciones estatales.
Código Penal.
Para poder castigar con cárcel los actos de corrupción graves, toda vez que la Ley 3de3 propone la tipificación clara de los actos de corrupción y establece procesos de investigación y sanción específicos.
Ley de la Fiscalía General de la República.
A fin de perseguir penalmente los actos de corrupción, es preciso crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que tenga autonomía técnica y presupuestal contando, además, con las facultades y herramientas de investigación necesarias.
El Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda, es un parteaguas en la transparencia y rendición de cuentas en México que, conforme se consolide, fortalecerá las capacidades institucionales en la lucha contra el grave flagelo y empoderará a la ciudadanía para denunciar actos de corrupción, así como para verificar que el desempeño de servidores públicos sea legal y transparente.
Quizá la única duda que prevalezca será si este sistema anticorrupción logrará superar y derrotar al “sistema de corrupción” en el que vivimos y con el que convivimos a diario los ciudadanos.
Conoce el Decreto por el que se expide la Ley General el Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
