El Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece una hoja de ruta clara para enfrentar la delincuencia desde un enfoque estratégico, basado en evidencia, con atención prioritaria a las víctimas y con una visión de largo plazo. El documento no sólo define qué delitos se persiguen con mayor énfasis, sino cómo y con qué criterios se asignan los recursos del Estado.
Principales ejes y prioridades del Plan.
El Plan parte de varios puntos centrales:
- Priorización de delitos de alto impacto, como homicidio, desaparición, secuestro, extorsión, violencia familiar, delitos sexuales y aquellos que afectan gravemente la vida y el patrimonio de las personas.
- Gestión estratégica de casos, enfocada en mejorar la calidad de la investigación, reducir la impunidad y concentrar esfuerzos donde el daño social es mayor.
- Fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objetivo de resolver conflictos de menor impacto sin saturar el sistema penal.
- Atención integral a víctimas, con énfasis en trato digno, acompañamiento, reparación del daño y acceso claro a la información.
- Uso intensivo de información y tecnología, para la toma de decisiones basadas en datos, análisis criminal y evaluación continua de resultados.
- Transparencia, evaluación y rendición de cuentas, como condiciones indispensables para la legitimidad del sistema de procuración de justicia.
- Priorización de delitos de alto impacto, como homicidio, desaparición, secuestro, extorsión, violencia familiar, delitos sexuales y aquellos que afectan gravemente la vida y el patrimonio de las personas.
Estos ejes buscan romper con una lógica reactiva y avanzar hacia una persecución penal más inteligente, focalizada y eficiente.
Resultados y beneficios documentados
De acuerdo con el propio Plan, durante 2025 la Ciudad de México registró la incidencia más baja de delitos de alto impacto, con una reducción del 53 % en comparación con 2019 y del 12 % respecto a 2024. En paralelo, se reportaron 5,030 vinculaciones a proceso, lo que representa un incremento del 15 %, así como 6,709 órdenes de aprehensión cumplimentadas, la cifra más alta registrada en la capital.
En materia de justicia restaurativa, el documento destaca la firma de 4,274 acuerdos reparatorios, un aumento del 185 %, que permitió la recuperación de más de 700 millones de pesos a favor de las víctimas. Estos resultados muestran un sistema que no solo persigue, sino que también repara y resuelve.
Asimismo, la implementación de modelos de gestión de casos en fiscalías piloto generó incrementos del 82 % en solicitudes de audiencias iniciales y del 40 % en órdenes de aprehensión, evidenciando mejoras operativas concretas.
La participación ciudadana como cierre del círculo de la política criminal
Un elemento que atraviesa todo el Plan —y que merece destacarse de forma particular— es el reconocimiento explícito de la participación ciudadana como parte del proceso de diseño, evaluación y mejora de la política criminal.
El documento señala que, para su elaboración, se realizaron consultas digitales con 809 personas y ejercicios presenciales con más de 200 participantes provenientes de la sociedad civil, academia, sector empresarial y especialistas. Los resultados de estas consultas reflejan preocupaciones ciudadanas claras: trato digno, reducción de tiempos, orientación comprensible y seguimiento efectivo de los casos.
Este enfoque confirma una premisa fundamental para la prevención del delito: la seguridad y la justicia no se construyen únicamente desde las instituciones, sino desde la corresponsabilidad. Cuando la ciudadanía denuncia, participa, se informa y utiliza los mecanismos disponibles, fortalece la eficacia del sistema y reduce los espacios de impunidad.
El Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 plantea que perseguir delitos no es solo una tarea técnica, sino un ejercicio de confianza pública. Los datos muestran avances relevantes, pero también dejan claro que su sostenibilidad depende de un factor clave: una ciudadanía activa, informada y participativa.
En materia de seguridad, participar no es un acto político, es un acto preventivo. Porque cuando Estado y sociedad caminan en la misma dirección, la justicia deja de ser una promesa abstracta y se convierte en un proceso compartido.
