Cuando hablamos de seguridad solemos pensar en delitos, policías o cárceles. Pero detrás de todo ello existe algo menos visible y quizá más determinante: el Estado de derecho.
¿Las leyes se aplican por igual? ¿Los abusos de poder reciben sanción? ¿Las víctimas encuentran justicia? ¿Los tribunales funcionan? ¿Las autoridades tienen contrapesos?
Eso intenta medir el Rule of Law Index 2025, elaborado por el World Justice Project. El Índice analiza cómo las personas perciben y experimentan el funcionamiento del Estado de derecho y, en 2025, reunió información de más de 215,000 personas y 4,100 especialistas en 143 países y jurisdicciones. Evalúa ocho dimensiones: límites al poder, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal.
Los resultados van de 0 a 1, donde 1 representa una mayor adhesión al Estado de derecho.
México: una fotografía preocupante
El panorama nacional resulta preocupante ante el reporte de 0.40 puntos, lo que coloca al al país en el lugar 121 de 143 países, además del 28 de 32 en América Latina y el Caribe. Respecto del año anterior perdió dos posiciones.
Para el contexto del orden público, los datos más preocupantes son todavía más bajos: México aparece en el lugar 132 en Orden y Seguridad, 134 en Ausencia de Corrupción, 134 en Justicia Civil y 135 en Justicia Penal. Su mejor desempeño relativo está en Gobierno Abierto, en la posición 54.
El problema tampoco es exclusivamente mexicano. En 2025, el Estado de derecho retrocedió en 68% de los países evaluados, pero la trayectoria nacional de la última década obliga a mirar hacia dentro.
Entre 2015 y 2025, el puntaje general de México cayó aproximadamente 16.5%. Más que un tropiezo ocasional, estamos frente a una tendencia sostenida.
Una década de deterioro debería ser suficiente para comprender que la seguridad de un país no depende solamente de combatir delincuentes, sino de construir entidades públicas donde la ley realmente funcione.
Cinco datos para reflexionar
- El deterioro trasciende gobiernos.
Diez años abarcan distintas administraciones, congresos, fiscalías y poderes judiciales. El problema no puede explicarse únicamente por un partido o una persona. La pregunta es por qué, después de tantas reformas y estrategias, no hemos conseguido modificar la trayectoria. - Sin justicia penal no habrá estabilidad.
México ocupa el lugar 135 de 143 en este rubro, con apenas 0.25 puntos. Dentro de este factor, la efectividad de las investigaciones obtiene 0.19 y la imparcialidad del sistema penal 0.16. Policías, inteligencia y tecnología son importantes, pero si investigar y sancionar continúa siendo difícil, la cadena permanece debilitada. - La corrupción es aún una vulnerabilidad estructural.
México registra 0.27 puntos, lo que le ubica en el lugar 134 dentro del índice. Este fenómeno no es exclusivamente un problema ético, pues afecta policías, fiscalías, tribunales o procedimientos públicos y puede facilitar muchas otras formas de delincuencia. - Gobierno Abierto es una fortaleza relativa que debemos proteger.
Con 0.56 puntos y el lugar 54 mundial, es el factor mejor posicionado de México. Transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y mecanismos de queja también son herramientas de prevención. - Es mucho más que combatir delincuentes.
Un país seguro necesita policías eficaces, pero también tribunales funcionales, organismos que actúen con transparencia, autoridades sujetas a controles y una población capaz de exigir sus derechos.
- El deterioro trasciende gobiernos.
El Estado de derecho también previene
El Índice mide si el crimen es controlado, si existe estabilidad civil y si las personas evitan recurrir a la violencia para resolver conflictos.
Cuando denunciar parece inútil, cuando alguien deja de confiar en la autoridad o cuando una comunidad comienza a aceptar la justicia por propia mano, el deterioro institucional se convierte también en un problema.
Por eso este Índice debe entenderse como un diagnóstico, no como una simple competencia entre países.
Después de diez años, quizá la pregunta más útil no sea quién tuvo la culpa, sino qué instituciones necesitamos reconstruir y qué puede hacer cada sector para fortalecerlas.
Gobiernos responsables, policías profesionales, fiscalías capaces, jueces independientes, empresas que se conduzcan con ética pública y habitantes que cumplan la ley y exijan que también la cumpla la autoridad forman parte de la misma ecuación.
Los números son preocupantes pero más preocupante sería acostumbrarnos a ellos.
