Los seres humanos no hace mucho, en 2011, para ser exactos, celebrábamos que poco más del 30% de la población mundial tenía acceso a internet. El 2020 cerró con un total de 1,136 millones de suscripciones a banda ancha fija en el planeta. Mientras que para el cierre de 2021, en gran medida por el desarrollo y penetración del Internet de las Cosas (IoT), el número de dispositivos interconectados rebasará los 35 mil millones.
Esta alza de usuarios dentro del nuevo paradigma del mundo hiperconectado, no obstante su belleza, conlleva de manera acompasada otro incremento que resulta horrible: el de los llamados delitos cibernéticos que, día con día, afectan a un mayor número de personas.
Los actos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos o sistemas informáticos, conforman la base del delito cibernético que, según los especialistas, en más del 80% de los casos tiene su origen en alguna forma de actividad organizada, con mercados negros cibernéticos establecidos en un círculo de creación de programas informáticos maliciosos.
Si bien nos encontramos en un nivel de hartazgo respecto de los delitos típicos de asaltos, hurtos o robo de vehículos, donde las tasas de victimización en países con menores niveles de desarrollo rondan el 5%, los fraudes en línea con tarjetas de crédito, robo de identidad, “pesca” de datos o accesos no autorizados a correos electrónicos, entre otros, arrojan tasas entre el 1 y 17%.
Dentro de este contexto, en México, por mencionar uno de los tantos delitos cibernéticos que existen, el robo de identidad, durante el tercer trimestre de 2020, representó un total de 35 mil 526 denuncias y un costo económico de alrededor de 1,381 millones de pesos.
El combate a los delincuentes cibernéticos, que suelen operar de un país a otro, no es una tarea fácil debido, principalmente, a la tipificación distinta que los diversos gobiernos tienen de los delitos, su competencia procesal y jurisdicción, amén de la dificultad del hallazgo de pruebas, por lo que la cooperación internacional y la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, se convierten en factores clave.
En ese sentido, existen grandes avances en la promulgación de instrumentos internacionales y regionales destinados a hacer frente a los delitos cibernéticos, incluso muchos países cuentan ya con policía cibernética. Los usuarios victimizados, no obstante, y por la falta de reconocimiento de la victimización, de los mecanismos de denuncia, la vergüenza y el bochorno de mostrarse como víctimas o los riesgos de la pérdida de reputación de las empresas, no denuncian.
Una encuesta mundial del sector privado sugiere que el 80% de las víctimas individuales de los principales delitos cibernéticos, no denuncian el hecho a la policía.
Como suele suceder, el punto de inflexión para la mayoría de las personas se presenta después de la victimización y no antes, conociendo y reconociendo las formas de prevención.
Por estos motivos, es preciso considerar que en este nuevo momento del mundo hiperconectado, debemos ocuparnos de proteger nuestros equipos y sistemas informáticos, adquiriendo los programas y sistemas adecuados, pero, sobre todo, educando a los usuarios y comprendiendo cómo operan estas nuevas bandas de delincuentes que, desde el anonimato y utilizando poderosas armas virtuales, provocan enormes daños económicos y sociales.
Para tener un marco general del tema, considera la lectura del Estudio exhaustivo del problema del delito cibernético publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la Recopilación de conclusiones y recomendaciones sobre delitos cibernéticos creada por un grupo de expertos encargado de realizar un estudio de 2018, 2019 y 2020.
