Las novatadas suelen presentarse como una tradición para recibir a quienes ingresan a una escuela, residencia, equipo deportivo, organización estudiantil o academia. Se afirma que sirven para integrar al grupo, fortalecer el carácter o demostrar que los recién llegados merecen pertenecer.
Sin embargo, ninguna práctica que humilla, somete, golpea, priva de alimento, restringe la comunicación o pone en peligro la vida puede seguir llamándose bienvenida.
México ha vuelto a mirar de frente esta realidad. La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, se sumó al fallecimiento de Erick Leonardo Terán Torbellín, también de 13 años, ocurrido en 2025 durante una actividad semejante en Morelos. Ambos casos evidenciaron graves fallas de regulación, supervisión y vigilancia.
A ello se agregaron las denuncias de familias de estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas. Según los padres, sus hijos habrían sido sometidos a ayunos prolongados, deshidratación, ejercicios extremos, restricciones para utilizar los sanitarios y otras prácticas degradantes. Una estudiante de 17 años fue hospitalizada con insuficiencia renal aguda. Aunque las investigaciones continúan, las señales descritas exigen una respuesta inmediata.
Una tradición mucho más antigua
Las novatadas no surgieron con las redes sociales ni con las fraternidades modernas. Sus antecedentes se remontan a las primeras universidades europeas del siglo XII, donde se realizaban ceremonias para marcar el ingreso de los nuevos estudiantes.
En Heidelberg, Aviñón, Siena y Pavía existían rituales que representaban la transformación del joven considerado “incivilizado” en universitario. Algunas prácticas incluían representaciones de sometimiento y humillación, presentadas como juegos, pruebas de pertenencia o ceremonias simbólicas.
La violencia estudiantil también estuvo presente en universidades históricas como París y Oxford. Posteriormente, estas costumbres se trasladaron a fraternidades, residencias universitarias, equipos deportivos y academias militares.
Harvard registró en 1684 uno de los primeros castigos conocidos por novatadas en la educación superior estadounidense, cuando un estudiante fue expulsado por agredir y someter a alumnos nuevos. West Point también conserva antecedentes de este tipo desde el siglo XIX. El prestigio de una institución, por tanto, nunca ha sido garantía contra el abuso.
De la integración al sometimiento
Las novatadas sobreviven porque se disfrazan de compañerismo.
Quien se resiste puede ser acusado de no tener carácter, traicionar al grupo o no merecer pertenecer. Quien anteriormente fue sometido termina, en ocasiones, reproduciendo la violencia bajo una lógica perversa: “A mí me lo hicieron y ahora les toca a ellos”.
Así se hereda el abuso.
Una broma de bienvenida degenera cuando incorpora humillaciones públicas, consumo forzado de alcohol, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas, ejercicio hasta el agotamiento, golpes, agresiones sexuales o aislamiento de la familia.
Los teléfonos y las redes sociales han añadido una nueva dimensión. Algunas agresiones se graban para exhibir a las víctimas, obtener reconocimiento dentro del grupo o demostrar quién ejerce el control. El sufrimiento se convierte entonces en contenido.
Pero grabar una agresión no la transforma en entretenimiento. Observarla sin intervenir tampoco vuelve inocente al espectador.
La responsabilidad de las instituciones
La obligación principal corresponde a las escuelas y a los adultos responsables.
Una institución no puede alegar desconocimiento cuando las prácticas se repiten durante años, ocurren en sus instalaciones, son organizadas por sus estudiantes, involucran instructores o forman parte de supuestos procesos de inducción.
Tampoco basta con incluir en un reglamento que las novatadas están prohibidas. La prevención requiere supervisión efectiva, canales confidenciales de denuncia, protocolos de atención médica, comunicación con las familias y consecuencias claras para quienes organicen, permitan o encubran los abusos.
Después de los recientes fallecimientos, la Secretaría de Educación Pública reiteró que la prestación de servicios educativos bajo denominaciones militarizadas o castrenses no está autorizada. La Secretaría de la Defensa Nacional también aclaró que no autoriza, supervisa ni regula esas academias privadas.
Estas precisiones llegaron después de tragedias que quizá pudieron evitarse. La supervisión posterior puede sancionar. La prevención oportuna puede salvar vidas.
El silencio de los compañeros
No sería justo responsabilizar a las víctimas por no denunciar. Quienes sufren una novatada suelen estar sometidos a miedo, amenazas, presión grupal, aislamiento y dependencia de quienes controlan su ingreso.
Sin embargo, alrededor de estas prácticas generalmente existen otras personas que saben: estudiantes que escucharon lo que se estaba planeando, compañeros que presenciaron los golpes, alumnos mayores que conocen la tradición o integrantes del grupo que recibieron mensajes y videos.
No todos pueden intervenir físicamente sin exponerse. Pero casi siempre es posible alertar a un familiar, docente, autoridad, servicio médico o número de emergencia.
La intervención preventiva de los observadores comienza al reconocer la conducta, comprender que representa un peligro, asumir alguna responsabilidad, elegir una forma segura de actuar y finalmente hacerlo.
El compañero que denuncia no traiciona al grupo. Puede estar evitando que alguien muera.
Cinco medidas para impedir otra tragedia
- Sustituir la novatada por una bienvenida institucional. Toda actividad de integración debe estar autorizada, supervisada y libre de coerción. Ningún estudiante debe ser obligado a participar para conservar su lugar o evitar represalias.
- Crear canales de alerta confidenciales. Escuelas, universidades, residencias y equipos deportivos necesitan mecanismos accesibles para estudiantes y familias. Los reportes sobre golpes, deshidratación, pérdida del conocimiento, abuso sexual o privación de la libertad deben provocar una intervención inmediata.
- Enseñar a los observadores cómo intervenir. Actuar no siempre significa enfrentar al agresor. Puede consistir en llamar a emergencias, informar a un adulto, compartir la ubicación, conservar evidencia o acompañar a la víctima.
- Investigar también la omisión institucional. No basta con sancionar a quien ejecutó el abuso. Debe determinarse quién lo organizó, quién facilitó las instalaciones, quién conocía los antecedentes y quién ignoró u ocultó las señales.
- Establecer una regla innegociable. Ninguna tradición está por encima de la dignidad, la salud o la vida. El consentimiento obtenido mediante miedo, presión o amenaza no legitima una práctica peligrosa. Cuando alguien no puede retirarse libremente o comunicarse con su familia, ya no participa en una bienvenida: está siendo sometido.
- Sustituir la novatada por una bienvenida institucional. Toda actividad de integración debe estar autorizada, supervisada y libre de coerción. Ningún estudiante debe ser obligado a participar para conservar su lugar o evitar represalias.
Una comunidad educativa no se fortalece haciendo sufrir a sus integrantes más jóvenes, sino protegiéndolos.
