Cuando se habla de prevención del delito, la atención suele dirigirse hacia robos, fraudes, extorsiones o violencia. Sin embargo, existe otro fenómeno que deteriora silenciosamente la seguridad y debilita a las instituciones: la corrupción.
No siempre aparece como un gran escándalo. Muchas veces se presenta en forma de pagos para acelerar un trámite, evitar una multa, obtener un servicio o resolver “por fuera” lo que debería hacerse conforme a la ley.
Por ello resulta especialmente valiosa la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, publicada por el INEGI. La ENCIG mide las experiencias de personas adultas en ciudades de 100 mil habitantes o más al realizar trámites, solicitar servicios públicos o entrar en contacto con autoridades. Su muestra comprendió 46 mil viviendas y permite estimar, a nivel nacional y estatal, la calidad de los servicios, la confianza institucional y la incidencia de actos de corrupción.
Desde la perspectiva de nuestro proyecto educativo, su mayor aporte es convertir percepciones y experiencias ciudadanas en información útil para prevenir.
Cuando la burocracia abre espacio a la corrupción
Los resultados muestran contrastes importantes. Durante 2025, 82.3% de la población declaró estar satisfecha con los trámites que realizó personalmente. Sin embargo, 39.1% de los pagos, trámites o solicitudes presentó algún problema. Entre quienes enfrentaron dificultades, 79.7% reportó barreras como largas filas, requisitos excesivos, horarios restringidos, costos elevados o el traslado constante de una ventanilla a otra.
Estas barreras no son menores. Mientras más confuso y discrecional sea un procedimiento, mayor será el espacio para gestores informales, intermediarios, engaños y pagos indebidos.
La digitalización puede ayudar. En 2025, 21.7% de las personas usuarias realizó trámites o pagos por internet, 5.5 puntos porcentuales más que en 2023. Pero un trámite digital mal diseñado también puede abrir la puerta a páginas falsas, robo de identidad y suplantación de portales oficiales.
La corrupción percibida y la corrupción vivida
Uno de los datos más preocupantes es que 84.1% de la población consideró frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción. Cuando una sociedad percibe la corrupción como algo normal, aumenta el riesgo de resignación. Frases como “así se hacen las cosas” o “todo el mundo lo hace” terminan justificando conductas que dañan a todos.
Pero la ENCIG no se limita a percepciones; en 2025, la tasa nacional de personas que tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron al menos un acto de corrupción fue de 15,642 por cada 100 mil habitantes, por encima de los 13,966 registrados en 2023.
El dato más delicado aparece en los contactos con autoridades de seguridad pública: 63.5% de las personas usuarias reportó alguna experiencia de corrupción en ese ámbito.
Esto debe preocuparnos profundamente. La autoridad encargada de prevenir el delito no puede convertirse, ante los ojos del ciudadano, en uno de los principales espacios de corrupción. Cuando eso ocurre, disminuye la denuncia, aumenta la desconfianza y se debilita la relación entre sociedad e instituciones.
La corrupción también tiene víctimas
El costo económico directo de la corrupción en trámites y contactos cotidianos con autoridades fue estimado en 17,707.4 millones de pesos, equivalentes a un promedio de 3,865 pesos por persona afectada.
El daño no es únicamente económico. Cada soborno transmite la idea de que la ley puede negociarse. Cada abuso que no se denuncia fortalece la impunidad. Cada privilegio indebido perjudica a quien sí cumple las reglas. La víctima puede ser quien no tuvo dinero para pagar, la persona cuyo trámite se retrasó o la empresa que compitió en desventaja.
Educar para no normalizar
Nuestro proyecto educativo debe ayudar a romper un mito: la corrupción no es únicamente un problema de los gobiernos. Las autoridades tienen una responsabilidad mayor, pero quien ofrece un soborno y quien lo acepta participan en la misma conducta.
Prevenir implica enseñar a identificar estas prácticas, negarse a participar, documentar lo ocurrido y conocer los canales de denuncia. También significa comprender que una “pequeña mordida” no resuelve el problema: lo alimenta.
Cinco acciones para prevenirla
1. Conozca el trámite antes de iniciarlo. Consulte requisitos, costos y tiempos únicamente en fuentes oficiales.
2. Exija comprobantes. Todo cobro debe tener fundamento y recibo.
3. Documente las irregularidades. Registre fecha, lugar, oficina y conducta observada sin exponerse innecesariamente.
4. Desconfíe de los atajos. Un gestor que promete resolver mediante contactos puede involucrarlo en fraude, soborno o falsificación.
5. Eduque con el ejemplo. No es posible exigir instituciones honestas mientras se ofrece dinero para evitar una infracción.
La ENCIG 2025 no es solo una evaluación del gobierno. Es un espejo de la relación entre ciudadanía e instituciones. La corrupción se vuelve sistema cuando deja de indignarnos y comienza a parecernos normal.
Por eso, prevenirla también es una forma de construir seguridad.
