La violencia e inseguridad tienen altos costos tangibles de tipo económico, así como intangibles de índole social que frenan el desarrollo de los países. Van minando el capital humano, desarrollando individuos con habilidades delictivas más que productivas. Reducen la inversión tanto nacional como extranjera y afectan psicológica y moralmente a la ciudadanía.
Latinoamérica enfrenta tasas de homicidios y delitos muy altas y los niveles de confianza en las autoridades, particularmente respecto de policía, muy bajas.
Los costos de prevención -tanto del sector público como privado- de reparación, es decir, de los daños provocados a las víctimas y los de contención para castigar a los responsables, representan un enorme gasto que roban y distraen recursos para el desarrollo social y empresarial, que pueden llegar a provocar un estancamiento económico, donde el desempleo se profundiza y la desigualdad social se manifiesta generando, a su vez, mayores niveles de criminalidad y violencia.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo señalaba, ya desde el año 2000, que el costo económico de la violencia representaba un porcentaje importante del PIB de los países, entre ellos, Colombia 24.7%, Brasil 10.5%, El Salvador 24.9%, México 12.3%, Perú 5.1% y en Venezuela 11.8%; hoy, en algunos de ellos, el costo ha aumentado considerablemente.
En México, y durante 2020, los costos representan casi la cuarta parte de su PIB (22.5%), con un impacto económico de 4.71 billones de pesos (unos 235 mil mdd), según datos del Índice de Paz México.
El impacto de la violencia y la inseguridad se manifiesta a nivel individual, social e institucional de acuerdo al grado de vulnerabilidad y riesgo de dichos niveles. Por este motivo, es preciso analizar y evaluar los costos en que se incurre para reducirlos en lo posible.
Descarga el documento, saca tus propias conclusiones e implementa las acciones a tu alcance para comenzar a disminuir estos costos.
