Existen diversas propuestas de clasificar a la violencia. La tipología más utilizada por gobiernos, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales se encuentra en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud del año 2003, realizado por la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS). En dicho documento se proponen tres categorías generales: 1) la violencia autoinfligida; 2) la violencia interpersonal; 3) la violencia colectiva.

Esta categorización distingue la violencia que una persona se inflige a sí misma, la violencia impuesta por otro individuo o un número pequeño de individuos y la violencia infligida por grupos más grandes, como el Estado, contingentes políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones terroristas.[1a]

Para efectos del presente, se analizarán los atributos y características de la violencia interpersonal de tipo comunitaria y de la violencia colectiva, con el fin de ilustrar sus diferencias, magnitud e impacto en la sociedad mexicana.

Tipología de la violencia. Informe Mundial sobre Violencia y Salud

Violencia interpersonal de tipo comunitaria

La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías. La primera corresponde a la violencia familiar o de pareja. La segunda, la violencia comunitaria, se produce entre personas que no guardan parentesco y que pueden conocerse o no. Por lo general ocurre en el espacio público y fuera del círculo inmediato de convivencia y socialización que es el hogar.

A continuación, se presentan algunos datos para ilustrar su relevancia en el contexto mexicano.

• Violencia juvenil. Es aquella en que adolescentes y adultos jóvenes son tanto las principales víctimas como los principales perpetradores de violencia. El dato más relevante en México es que el riesgo de que menores de edad sean víctimas de violencia homicida ha aumentado con el paso del tiempo. Desde el año 2000 al cierre del 2019 cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes han sido víctimas de homicidio doloso. Es decir, diariamente son asesinados 3.6 niñas, niños y adolescentes.[1]
  
  Solamente en 2019, el 22% de las defunciones por homicidio en México fueron personas que se encontraban entre 15 y los 29 años. De ellos, el 88.8% eran hombres y el 11.32% mujeres.[2] Por el otro lado, se observa que las juventudes han ido sumándose progresivamente a la comisión de delitos tanto de bajo como de alto impacto.
  
  De la proporción de personas inculpadas por el delito de robo a negocio en el 2019, cerca del 18% fueron procesados dentro del Sistema de Justicia para Adolescentes. En cuanto a los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, la participación de adolescentes es del 6.19%.[3] Este dato no es menor, pues estudios señalan que las personas que violan la ley a edades tempranas tienden a reincidir sobretodo si no se atienden factores de riesgo como el consumo de drogas, convivencia con amigos o familiares en conflicto con la ley y acceso a armas de fuego.[4]
  
  
• Violación o ataque sexual por parte de extraños. Durante el año 2019, el 78% de los delitos (14,133,742) fueron perpetrados por desconocidos frente al 19.4% de los casos (3,485,479) en que el victimario era un conocido, de vista solamente, de poco trato, cercano (vecinos-amigos) o familiares.[5]
  
  Esta característica se replica en el caso de la violencia sexual. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) arroja que 7 de cada 10 agresores sexuales de mujeres es un desconocido. Esto resulta alarmante, ya que este tipo de violencia es la principal forma de agresión hacia mujeres perpetuada por extraños, superando la violencia física (74.2%) y la emocional (61.7%). Igualmente, la proporción de mujeres de más de 15 años que han experimentado violencia sexual por alguien que no es su pareja al menos una vez en su vida es del 38.8%, es decir, que 4 de cada 10 mujeres han sido violentadas sexualmente por desconocidos al menos en una ocasión.[6]
  
  Cabe señalar que el aislamiento social derivado de la pandemia por el virus SARSCOV2 (Covid 19) no ha tenido un impacto positivo en la reducción de este tipo de violencia. Lamentablemente, cifras oficiales revelan un aumento pronunciado de delitos sexuales, específicamente violación, independientemente si el perpetrador es una persona conocida o un extraño.
  
  En el caso de las víctimas mujeres, el comparativo de los primeros cuatro meses del año 2020 frente al mismo periodo de 2021 muestra un aumento de 5,486 a 6,661 casos (21.4%).[7]
  
  
  
• Violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y hogares de ancianos. La percepción de inseguridad en el espacio público en México es generalizada, ya que cerca del 70% de los delitos denunciados o no ante autoridades ministeriales ocurren fuera del hogar. En orden de ocurrencia, los lugares que concentran los mayores porcentajes de presuntos delitos son la calle (36.3%), el transporte público (12.8%), negocios o establecimientos (7.4), en el trabajo (6.3) y en un lugar público (5.3).[8]
  
  Es importante señalar la violencia física, en especial la armada, es recurrente en la comisión de delitos como el robo en transporte público (en el 77% se identificó que el delincuente portaba un arma de fuego), las amenazas verbales (55.3%) y las lesiones (50.2%).[9]
  
  
  
• Violencia colectiva. La violencia colectiva se subdivide en violencia social, violencia política y violencia económica. Estas subcategorías indican los posibles motivos de la violencia cometida por grupos más grandes de individuos o por el Estado.
  
  El uso de la violencia como instrumento por parte de personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo —ya sea transitorio o con una identidad más permanente— contra otro grupo o conjunto de individuos.
  
  
  
• Violencia social. Es aquella infligida para promover intereses sociales sectoriales. Incluye, por ejemplo, los actos delictivos de odio cometidos por grupo organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas. Uno de los fenómenos sociales que mejor retrata este tipo de violencia es el desplazamiento forzado de la población y es común en las sociedades que han sufrido conflictos armados, persecución, violencia generalizada y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
  
  En México, la delincuencia organizada ha tenido un impacto importante en el abandono de zonas rurales y de pequeñas ciudades. Se podría interpretar que las personas se cambian de estado de residencia ante una situación de violencia alta e irregular durante un periodo, para evitar ser víctimas de la misma. De 2015 a la fecha, INEGI reporta que más de un millón de personas que se han visto obligadas a cambiar de domicilio para protegerse de la delincuencia. En promedio, más de 1,200,000 personas por año.
  
  El total de personas que cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en México en el periodo de 2011 a 2017 es de 8,726,375 de acuerdo con los datos de la ENVIPE.[10]
  
  
  
• Violencia política. Incluye la guerra y otros conflictos violentos afines, la violencia del Estado y actos similares llevados a cabo por grupos más grandes. Este tipo de violencia se puede diagnosticar a partir de la cantidad y tipos de delitos cometidos por servidores públicos. En particular, es preciso enfocarse en aquellos considerados como delitos graves contra los derechos humanos.
  
  La detención arbitraria, por ejemplo, es una práctica común sobretodo entre autoridades federales, como son el Ejército y la Guardia Nacional. Durante los meses transcurridos de 2021, 67 quejas atribuibles a estos cuerpos de seguridad se han presentado frente a las Comisiones estatales y nacionales de Derechos Humanos; 14 quejas por el mismo delito grave señalan a las autoridades estatales. Por el delito de tortura, se han presentado 69 quejas, 25 por privación de la vida y 70 por tratos crueles, inhumanos o degradantes.[11]
  
  
  
• Violencia económica. Comprende los ataques por parte de grupos más grandes motivados por el afán de lucro económico, tales como los llevados a cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el acceso a servicios esenciales o crear división económica y fragmentación.
  
  La corrupción es una de las formas más comunes de violencia económica y, en años recientes, ha sido reconocido por líderes políticos y sociales, como uno de los principales problemas para el crecimiento económico y el desarrollo armónico de las sociedades.
  
  En 2020, se ubicó como el segundo problema más importante para los mexicanos, por encima de la pobreza y el desempleo.[12] Esto se relaciona directamente con que más de 3 millones de mexicanos (341,059) tuvieron afectaciones a consecuencia de la corrupción.
  
  En términos económicos, representó en promedio 12,769,716,766 de pesos, derivados principalmente del contacto con autoridades de seguridad pública (71.92%), trámites vehiculares (16.80%) y trámites de educación pública (5.09%).[13]

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Citas

[1a] Organización Mundial de la Salud, “Informe mundial sobre la violencia y la salud”, Publicación Científica y Técnica No. 588, 2003, pág 6.

[1] Red por los Derechos de la Infancia en México, “Balance anual 2019”, México, 2019, pág. 3, disponible en http://derechosinfancia.org.mx/documentos/REDIM_Balance_Anual_2019.pdf

[2] Registros administrativos. “Mortalidad. Defunciones por homicidio”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), disponible en https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est

[3] INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020.

[4] Reinserta Un Mexicano, A.C. “Estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social”, México, 2018, págs. 41-44 y 90-94, disponible en https://reinserta.org/

[5] INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (ENVIPE 2020). Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños.

[6] INEGI. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.

[7] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). “Información sobre violencia contra las mujeres. Información con corte al 30 de abril de 2021”, Centro Nacional de Información, pág. 86, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019?idiom=es

[8] Ídem. INEGI. ENVIPE 2020. Población de 18 años y más que fue víctima de algún acto de corrupción y no denunció ante alguna autoridad por motivo de la no denuncia según sexo, 2019.

[9] Ídem. INEGI. ENVIPE 2020. Caracterización del delincuente

[10] Para un análisis a profundidad de diferentes instrumentos estadísticos, véase Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). “Entre La Invisibilidad Y El Abandono: Un Acercamiento Cuantitativo Al Desplazamiento Interno Forzado En México”, México, 2019, disponible en http://www.cmdpdh.org/publicacio- nes-pdf/cmdpdh-entre-la-invisibilidad-y-el-abandano-acercamiento-cuantitativo-al-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico.pdf

[11] Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. Periodo enero-abril 2021.

[12] La mayoría de los encuestados (78.6%) señalaron como el problema más importante “Inseguridad y delincuencia”. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2019). Tabulados básicos. IV. Corrupción.

[13] ENCIG 2019. Población de 18 años y más que fue víctima de algún acto de corrupción y no denunció ante alguna autoridad por motivo de la no denuncia según sexo, 2019.

Si bien el término “violencia” o “violencias” se ha incorporado en las conversaciones cotidianas y en el trabajo periodístico como un elemento discursivo accesorio a la seguridad, el entendimiento de los conceptos y de la relación que existe entre ambos ha requerido de un largo proceso de análisis.

Fue hasta 1996 que la Asamblea Mundial de la Salud declaró que la violencia constituía un importante problema de salud pública en todo el mundo y pidió a la OMS elaborar una tipología de la violencia para diferenciarla por tipos e identificar los vínculos entre ellos.

Previo a este abordaje, el reconocimiento de la violencia partía de su entendimiento como un atributo de los individuos, no de las colectividades. Desde esta perspectiva antropológica y política, los fenómenos tendientes a perturbar la paz y la convivencia en las sociedades tienen su origen en un individuo o en un conjunto de individuos “abiertamente antisociales”.[15]

Así, a cambio de renunciar al uso personal de la violencia para defenderse o dirimir diferencias, los integrantes de la sociedad ceden esta prerrogativa a los gobiernos. Éstos, mediante el ejercicio exclusivo de esa misma violencia, tienen la función de resolver los conflictos y castigar a aquellos que violen los acuerdos establecidos en el pacto social.

La confianza en dicho pacto perdió vigencia cuando los gobiernos recurrieron a él para justificar decisiones autoritarias y represivas contra la población. Las dictaduras militares son ejemplos emblemáticos en América Latina para retratar el abuso sistemático de los derechos humanos y la creación de leyes, instituciones y políticas que revistieran de “legalidad” estas acciones.

De la década de los setenta hasta principios de los noventa, el entendimiento de la violencia tuvo una gran transformación, pues fue evidente que el propio Estado constituía un actor que podía perpetrar actos violentos y, por su alcance y recursos, ser su principal promotor.[16]

Este proceso de reflexión encuentra un nuevo aliento en la década de los noventa, con la culminación del enfrentamiento entre la extinta Unión Soviética, y los Estados Unidos (bloques socialista y capitalista) y la consolidación de la globalización. La globalización se caracteriza por su efecto en la intensificación de fenómenos, en las esferas de lo económico, político, cultural, militar y no humanas. También ha estimulado procesos asimétricos de acumulación de capital y de dependencia.

Existe una creciente divergencia—no convergencia—en niveles de ingreso entre países y entre personas, con una creciente desigualdad entre y al interior de los países, así como entre grupos sociales específicos. En muchos países, el incremento del desempleo y del sector informal de ocupación ha generado excedentes de mano de obra y la depresión de los salarios reales.

A la par, los efectos en el tráfico de drogas global fueron tales que, actualmente, es un negocio en el que participan una gran cantidad de grupos criminales de alcance transnacional, pero que operan en el terreno local.

Así, la violencia armada se potencializó en las grandes ciudades y centros urbanos, lugares que típicamente se consideraban controlados por el Estado y sus instituciones de seguridad. De ahí la sorpresa, que para 2016, la gran mayoría (83%) de las víctimas de la violencia letal en el mundo se concentraran en zonas libres de conflicto armado, es decir, en situación de guerra, interna o entre países.[17]

Así, el consenso relativo al que llegaron los especialistas fue que las formas de violencia tenían características propias en función de su perpetrador. También que, vistas de forma aislada, estas formas de violencia no explican por qué algunos individuos tienen comportamientos violentos hacia otros o por qué la violencia es más prevalente en algunas comunidades que en otras.

Por ello, aunque existe un consenso relativo en torno a que el principal indicador de violencia es el número de homicidios en un país por cada cien mil habitantes, existen otras formas, la violencia mucho más frecuentes, pero, al ser más aceptable socialmente, son más difíciles de cuantificar. Por ejemplo, la violencia doméstica.

En resumen, la violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales. Comprender la forma en que estos factores están vinculados con la violencia es uno de los pasos importantes en el enfoque de salud pública y para prevenir la violencia.

De modo que la declaración de la OMS parte de la necesidad expresa de los Estados miembros por contar con una referencia orientativa que permitiera a los gobiernos diseñar políticas de prevención de la violencia en vista del efecto perjudicial que estos fenómenos tenía para la salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países.[18]

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Citas:

[15]Existen dos grandes paradigmas de entendimiento de la violencia en los individuos. Por un lado, se establece que el hombre es “malo” por naturaleza y por instinto, agrede y hace daño a otros hombres (paradigma generalmente asociado a la descripción que hace Thomas Hobbes en “El Leviatán). Así, para asegurar su convivencia y sobrevivencia, requiere existir un poder coactivo superior que pueda disuadirlo a seguir libremente sus impulsos violentos. Por el contrario, desde una perspectiva aristotélica, el hombre vive indefectiblemente en comunidad con otros hombres y las irregularidades únicamente asociados a individuos disruptivos o se consideran excepciones a la regla.

[16] Con respecto a la reflexión sobre los orígenes y desarrollo de las dictaduras militares desde la perspectiva de la defensa de derechos humanos, se sugiere consultar Luis Roniger y Mario Sznajder, “El legado de las violaciones de los derechos humanos”, en Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, Clara E. Lida, Horacio Crespo, et al. (compliladores), El Colegio de México, México, 2007, págs.233 a 258.

[17] Small arms survey, “Monitoring Trends in Violent Deaths”, Research notes, No. 59, 2016, disponible en http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-59.pdf

[18] Resolución WHA49.25, “Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública”, 49a Asamblea Mundial de la Salud, 25 de mayo de 1996. Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/203955/WHA49_R25_spa.pdf;jsessionid=3315B513816ED7D69AE1C0B2DBCE224F?sequence=1

En México, la seguridad pública, como función del Estado, comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social.[19] El problema de este abordaje es que violencia y delincuencia son considerados sinónimos.

Recordemos que un delito es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. Se distingue de la violencia porque ésta es una conducta que no necesariamente se encuentra descrita en una ley, por lo cual, no tiene una consecuencia en términos jurídicos para quien la realiza.

Un ejemplo cotidiano son las agresiones verbales en eventos deportivos. Aunque socialmente son toleradas e inclusive promovidas, no implican la comisión de un delito.

De acuerdo con los especialistas, las consecuencias de esta confusión son graves cuando se traducen en políticas públicas que únicamente buscan reducir los delitos, pues no atienden de manera integral las causas que permitan conocer los factores, mecánicas y procesos que son necesarios para que los incidentes violentos y los delitos se produzcan.[20]

El segundo problema ha sido el abuso de la prevención a través del derecho penal como mecanismo disuasivo del delito y la violencia, ya que únicamente llenan las cárceles y evitan las reincidencias. Si bien la noción del “castigo” cuenta con una legitimación ética y moral que pocos cuestionan, desde un punto de vista científico, estrictamente empírico, no hay evidencia de efectividad preventiva general.

Diversos informes apuntan a la falta de constancia de que el rigor de la pena o el aumento de las cuotas de encarcelamiento reduzcan las tasas de criminalidad y eviten el delito.[21] Con la reforma al sistema penitenciario, la noción punitiva del castigo migró hacia la reinserción social para que las personas que han cumplido una condena se integren a la sociedad y así evitar el aislamiento laboral, familiar y social que los pudiera orillar a reincidir.[22]

El tercer problema, estrechamente relacionado con el punto anterior, tiene que ver con el modelo centralizado de la seguridad pública, basado en la exclusividad del Estado para definir e implementar la política de seguridad y su capacidad de mantener el control de la vida social y urbana, concretizado en las fuerzas de policías y los tribunales. En este modelo, la producción de la seguridad únicamente parte de los agentes estatales y no de la necesidad de involucrar a todos los actores que participan en la reproducción de las violencias.

Asumir que la colectividad interviene como coproductor de seguridad significa reconocer implícitamente que el Estado no es el único responsable en la construcción de soluciones a los problemas de inseguridad de todo tipo.

Este cambio de mentalidad no se limita a la apertura de las instituciones. Son las personas que viven, estudian y trabajan en la colectividad quienes comprenden mejor los recursos, los problemas y las necesidades específicas de sus localidades. Por lo tanto, también las colectividades deben estar listas y dispuestas a invertir tiempo y experiencia para la coproducción de la seguridad.

Asimismo, las instituciones de la sociedad civil y del sector privado, junto a los habitantes, deben contribuir a movilizar un abanico completo de socios locales para enfrentar los problemas de criminalidad y de victimización. El éxito de los proyectos de prevención del crimen mediante el desarrollo social se apoya sobre la participación activa de todos los socios en su concepción, ejecución y evaluación.[23]

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Citas:

[19] Ley General Del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 2. Diario Oficial de la Federación 27-05-2019.

[20] Vázquez Camacho, “Repensar la prevención de la violencia y el delito en México”, Nexos, Junio 11, 2018, disponible en https://seguridad.nexos.com.mx/repensar-la-prevencion-de-la-violencia-y-el-delito-en-mexico-parte-i-de-ii/

[21] OMS, “Informe mundial sobre la violencia y la salud”, 2003; Sonja Wolf, “Mano dura: el populismo ante el crimen y las pandillas”, Nexos, Febrero 27, 2017; ONU Hábitat, “Guía Para La Prevención Local. Hacia Políticas De Cohesión Social Y Seguridad Ciudadana”, págs. 28 y 29.

[22] El 18 de junio de 2008 entró en vigor en México la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y lograr la persecución eficaz del delito mediante el acceso de todas las personas a un juicio justo y expedito.

[23] Un caso de éxito en México es el modelo de proximidad social implementado por la Policía del Municipio de Nezahualcóyotl. Sobre el particular, consultar “Manual Experiencia de la Policía Vecinal de Proximidad del Municipio de Nezahualcóyotl”, Estado de México
1a edición, México, 2015, 123 pp.

Para presentar las tendencias que afectan tanto la evolución de las relaciones sociales como la calidad de la ciudadanía y la participación política, se recurre al concepto de violencia crónica. A diferencia del abordaje de la OMS, este concepto no pretende dividir a la violencia en tipos. En cambio, busca profundizar en los motores que hacen que estas violencias se repitan en multiplicidad de espacios sociales y se reproduzcan a lo largo del tiempo, por ejemplo, de una generación a otra.[24]

Tani Marilena Adams, identifica 13 dinámicas estructurales que explican la reproducción y prevalencia de los actuales niveles de violencia. De no ser atendidas, será poco probable cambiar el rumbo del estado actual de inseguridad que atravesamos los individuos y las sociedades.[25]
 

1. Desintegración de las relaciones familiares e intergeneracionales, destrucción de las protecciones comunitarias/ tradicionales, e intensificación de la violencia interpersonal y de género
2. Distanciamiento de los jóvenes entre sus aspiraciones crecientes y oportunidades de vida limitadas; la humillación y la búsqueda perversa del respeto; y la “muerte social”.
3. La creciente percepción del estado como enemigo y mayor oposición a la democracia.
4. Altos niveles de legitimidad y aceptación de la violencia.
5. Intensificación de la brutalidad.
6. Creciente legitimidad de fuentes de ingreso informales e ilícitas.
7. Tensión cotidiana, temor e incertidumbre, efectos sistemáticos sobre la salud psicológica y física; el olvido social y las actitudes de indiferencia como respuestas comunes ante el miedo.
8. Xenofobia, auto-victimización y chivos expiatorios.
9. Soberanía social ampliada y gobernanzas paralelas.
10. La reconfiguración de los espacios públicos.
11. Implicaciones para las tendencias de organización social.
12. Deterioro de la cohesión social y generación de comportamientos y valores deshumanizantes

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Citas:

[24] Esto, debido a que la mayoría de estudios que indagan en los procesos que causan violencia tienden a enfocar principalmente en una o algunas fuentes. Por ejemplo, la clasificación de la OMS permite detectar los factores de riesgo que están relacionados con la ocurrencia de las violencias, como el consumo de sustancias o la disponibilidad de armas. Pero no explica, las dinámicas que permiten a estos factores interactuar y tener efectos diferenciados de una comunidad a otra. Por otra parte, los estudios que enfocan lo que le está sucediendo a la población a causa de estos procesos, tienden a poner en primer plano las tendencias y los comportamientos sociales, casi siempre en tiempos y espacios concretos, y analizan las causas de manera secundaria. Véase Jennifer Pierce, R. McGee. “Violence, Security and Democracy: Perverse Interfaces and their Implications for States in the Global South”, IDS Working Paper 357, Brighton: IDS, 2011.

[25] Este esfuerzo notable por sistematizar el estado del arte a fin de catalogar efectos de la violencia se encuentra detenidamente explicado en “La violencia crónica y su reproducción:Tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciudadanía y la democracia en América Latina”, Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Instituto Internacional para el Aprendizaje y la Reconciliación Social (IIARS), disponible en https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/Libro%20La%20Violencia%20Cronica.pdf

El reconocimiento a la seguridad como un derecho y ejercicio de la ciudadanía es la piedra angular para el desarrollo de las sociedades democráticas. Como se ha señalado, este nuevo paradigma reconoce en las organizaciones de la sociedad civil el conocimiento técnico y la experiencia para recabada por su trabajo directo con los grupos en situación de vulnerabilidad y su entendimiento de los problemas que ocurren a nivel calle.

En el caso mexicano, existe una gran variedad de organizaciones fundadas cuyo origen ha sido el acompañamiento de víctimas y que se han profesionalizado a fin de mejorar sus intervenciones para beneficio de sus poblaciones objetivo.

A continuación, se presentan cuatro buenas prácticas de prevención social y comunitaria de las violencias llevadas a cabo por organizaciones de sociedad civil.[26]

1. Proyecto en centros escolares “Puedes soñar: educación”. La organización Centros de Prevención Comunitaria Reintegra inició sus intervenciones con jóvenes en conflicto con la ley por medio del acompañamiento legal de los beneficiarios y sus familias. Después de unos años, se detectó que una proporción importante de las personas jóvenes eran oriundas de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Esto motivó a la organización para desarrollar diagnósticos comunitarios en la colonia para identificar las características sociales de la población, así como en particular de las personas jóvenes.

   Después de una revisión estratégica hacia dentro de la organización, Reintegra inició una serie de proyectos enfocados en la prevención secundaria dentro de la localidad, tales como ferias deportivas, recuperación de espacios públicos y un Centro Reintegra ubicado en la misma colonia, donde se ofrecen talleres de diferente índole.

   A pesar de los logros obtenidos hasta ese momento en materia de reforzamiento comunitario, la asistencia de población juvenil a las actividades no era constante, lo que dificultaba medir el impacto real de las iniciativas que desarrollaba la organización.

   Como solución, Reintegra diseñó un programa específico para trabajar la prevención secundaria en centros escolares. En contraste con las actividades comunitarias, dentro de los centros escolares existía una población cautiva que podría monitorearse, observar cambios en los patrones de conductas violentas.

   La base del proyecto en centros escolares “Puedes soñar: educación” fue el programa de prevención a nivel comunitario. En esta medida, los diagnósticos comunitarios en la colonia Guerrero, permitieron la identificación de “espacios de pertenencia” estratégicos para llevar a cabo intervenciones.

   La selección de las escuelas fue a partir del criterio de pertenencia a la comunidad, por encima del ámbito puramente territorial, es decir, atender violencias únicamente asociadas al espacio “comunitario”, como los centros deportivos o las plazas públicas.

   Construcción de redes. Más allá de los resultados del proyecto en centros escolares, cuyos ejes de trabajo eran 1) prevención de la violencia escolar; 2) consumo de drogas; y 3)prevención de la deserción escolar, Reintegra logró su principal objetivo en términos colectivos que fue la construcción de redes de apoyo para prevenir el consumo de drogas y la violencia entre pares de forma autónoma por alumnos, familiares y otros jóvenes de la colonia (chicos que participan en las actividades deportivas llevadas a cabo en el espacio comunitario).

   Estas redes representan un factor positivo para la consecución de los objetivos de Reintegra del proyecto “Puedes soñar: educación” y de los Programas de Prevención secundaria en la comunidad. Las actividades lúdicas y deportivas fuera del plantel se complementan con los objetivos del proyecto.

   Reciprocidad con minorías activas. Parte de la consolidación de Reintegra como un referente dentro de la comunidad ha sido su disposición para intercambiar su experiencia y conocimiento con otras organizaciones e instituciones que fomentan la cohesión comunitaria y la atención a grupos vulnerables, especialmente niños y adolescentes.

   Esta disposición le ha brindado a Reintegra el acceso a organizaciones altamente especializadas que operan en la colonia Guerrero y comunidades aledañas, en temas como la prevención de adicciones, violencia de género, prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), entre otros.

    

2. Programa “Youth Career Iniciative (YCI)”. World Vision Mexico (WVM) forma parte de la confraternidad World Vision, una organización humanitaria a nivel mundial con presencia en más de 100 países dedicada al bienestar y la protección de niños en condiciones de pobreza alrededor del mundo. En sus primeras intervenciones, WVM privilegió la realización de proyectos destinados a contribuir con el desarrollo de las comunidades.

   A partir de 2005, la organización modificó el enfoque de sus proyectos de corte asistencialista hacia el desarrollo transformador sostenible, es decir, en programas de desarrollo de área en los cuales se busca que las comunidades con retos similares puedan compartir sus recursos para alcanzar objetivos comunes y facilitar el cumplimiento de objetivos particulares.

   Mecanismos de admisión de propuestas por parte de la comunidad. Para el trabajo en entornos locales, WVM es contactada por representantes de la comunidad donde desean involucrarse de forma directa para que trabajen con ellos en sus proyectos. Se hace un diagnóstico de factibilidad en el que se revisan las condiciones sociales, geográficas, políticas y de situación de la niñez de manera tal que permita vincular a los menores de edad y a sus familias con patrocinadores (individuales o corporativos).

   Después de evaluar el diagnóstico final, se buscan los posibles socios que podrían contribuir a la realización de la iniciativa. Acto seguido, se establece un programa a largo plazo diseñado para 5 años y se conforman equipos locales con personas de las comunidades para la implementación.

   En esta etapa también se incorporan los programas técnicos de WVM para enfocar las acciones en la comunidad que tienen prioridad para la organización. Es decir, unir esfuerzos entre los tres sectores, WVM, comunidad y patrocinadores, a fin de contribuir a la protección de la niñez y la juventud.

   Explorar alianzas estratégicas multisector que fortalezcan el tejido comunitario. El acercamiento entre WVM y la iniciativa Youth Career Initiative (YCI) fue motivado por la convergencia de objetivos estratégicos para ambas partes. Por su parte, el proyecto YCI buscó que los grandes consorcios hoteleros participaran de manera responsable con la comunidad en las áreas de Medio Ambiente, Educación y Estímulo e impulso a jóvenes.

   Estaba interesado en encontrar un socio global que le permitiera alcanzar dos objetivos. En primer lugar, ampliar los alcances de su estrategia de crecimiento en México. En segundo lugar, proveerle de postulantes que conformaran la primera generación de jóvenes beneficiarios en la emisión debutante del programa en el año 2007.

   En esta coyuntura, WVM apoyó a YCI con la participación de 16 jóvenes que pertenecían a su Programa de Desarrollo de Área de Ecatepec[27], en el Estado de México. Cabe recalcar que los jóvenes que participan en el programa YCI son postulados por las organizaciones de sociedad civil que operan en la comunidad donde WVM quiere trabajar.

   Explorar las estrategias de vinculación multiactor que incorporen al sector público es una manera de fortalecer a estas organizaciones locales. Esto, porque antes de entablar un diálogo productivo, requieren de una previa capacitación técnica que los ubique en el mismo canal de comunicación de las autoridades.

   Lo antedicho sirve simultáneamente a la organización como al sector público, pues implica que el proceso de diseño y financiamiento de programas gubernamentales sea sometido a retroalimentación de la sociedad civil.

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Citas:

[26] Ambas experiencias fueron analizadas y sistematizadas en el 2016 por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC, en el marco del proyecto “Plataforma para la Seguridad Ciudadana Juvenil México y Centroamérica”. Se trata de una iniciativa multiactor que procura contribuir a la seguridad ciudadana e inclusión socioeconómica juvenil, a través del desarrollo de capacidades, la investigación aplicada y la incidencia en políticas públicas”. Tiene como población beneficiaria a los jóvenes en situación de riesgo y se desarrolla en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

[27] En septiembre de 2007, YCI implementó un programa piloto de empleabilidad en conjunto con la Fundación Infantia y el Hotel Presidente Intercontinental en la Ciudad de México. La selección de candidatos al programa consistió en una serie de entrevistas. Posteriormente, fueron seleccionados 16 personas jóvenes, quienes recibieron capacitación dentro de diferentes áreas de la hotelería, así como habilidades para la vida. Ver el siguiente caso de éxito: http://www.youthcareerinitiative.org/joana-yci-mexico-2008/