Pese a lo que muchos puedan pensar, la relación entre altos niveles de encarcelamiento y bajos índices delictivos es muy débil. Diversos estudios realizados en los Estados Unidos entre 1980 y el 2000, han mostrado que por cada 10% de incremento en las tasas de encarcelamiento, únicamente se ha observado entre un 2 y un 4% de descenso en los índices delictivos.
De hecho, desde el 2000, el incremento de los niveles de encarcelamiento en los Estados Unidos ha representado prácticamente un nulo decremento de la incidencia delictiva.
Lo anterior significa que entre el 75 y 100% de la reducción de los índices delictivos, que datan de los 90’s, se deben, en definitiva, a otras causas.
Los investigadores han encontrado, entre otras cosas, que el aumento de los salarios, del empleo, de las tasas de graduación, del incremento del personal encargado de hacer cumplir la ley y los cambios de estrategias policiales, se asociaron con menores índices delictivos.
Ello explica, en conjunto, que son estas acciones, más que las altas tasas de encarcelamiento, lo que explica la reducción general de la incidencia delictiva en el país vecino.
En el 2000 había 1.2 millones más de personas en las cárceles de Estados Unidos que las que había en 1975, es decir, un 270% más de reclusos; sin embargo, los índices de crímenes violentos eran prácticamente los mismos en el 2000 que los de 1975 y los delitos contra la propiedad fueron, en el 2000, 20% menores que los reportados en 1975.
Estados Unidos gastó en sus cárceles alrededor de 33 billones de dólares en el 2000 y obtuvo prácticamente los mismos resultados, en términos de seguridad pública, que en 1975, cuando se gastaron 7.4 billones.
Si bien no podemos decir, en términos absolutos, que esta situación sea la misma que en México o en cualquier país de Latinoamérica, podríamos considerarla equiparable, pues los costos sociales, culturales, políticos y económicos de las cárceles, versus la poca evidencia de reinserción social, la alta reincidencia y las altas tasas delincuenciales que prevalecen, ponen en tela de juicio al modelo carcelario actual del país.
El gobierno, con la Reforma Penal, ha logrado establecer un nuevo sistema de justicia penal en el país que propone una serie de medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva.
Los ciudadanos, apoyados por las autoridades, debemos ocuparnos, juntos, de promover e impulsar estrategias de seguridad comunitarias que impliquen, amén de la seguridad física, la prevención social de la violencia y la delincuencia, buscando, a toda costa, apoyar a los jóvenes para que alcancen mejores niveles de educación y lograr, de esta forma, una mejor perspectiva de vida.
Los empresarios e industriales, deben enfocarse en desarrollar más y mejores empleos de calidad, mejor pagados y con una perspectiva más allá de lo comercial, de responsabilidad social auténtica y genuina.
Al descender la incidencia delictiva, necesariamente se eleva la confianza de la ciudadanía, se facilita la inversión, se fomenta el empleo y, entonces, podremos decir que después de la crisis de la seguridad pública, logramos trascender y llegar a la seguridad ciudadana, encaminándonos correctamente para alcanzar la seguridad humana.
¿Qué opinas?, ¿le seguimos invirtiendo a la represión en las cárceles o mejor le apostamos a la prevención?
Para tu reflexión te sugerimos la lectura del documento de Don Stemen, The Prision Paradox: More Incarceration Will Not Make Us Safer. New York: Vera Institute of Justice, 2017.
