En México, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el 88% de los consumidores han adquirido algún producto de dudosa procedencia. En otras palabras, 9 de cada 10 personas compran productos piratas.
Esta competencia desleal y comercio ilegal, ocasiona pérdidas económicas calculadas en 125 mil millones de dólares anuales y provoca el cierre de 2.5 millones de empleos, siendo los sectores más perjudicados los de la cinematografía, música, farmacéutica, software, vinos y licores, cigarros y muchos otros, algunos, prácticamente en vías de extinción.
Tan sólo la industria del vestido informó a través de su Cámara Nacional que en la última década han sido cerradas el 30% de las microempresas del sector, han perdido 400 mil empleos y el monto de los daños sobrepasa los 11 mil millones de dólares.
En México, 14 millones de personas se encuentran “trabajando” en la economía informal.
Para muchos, el crimen organizado se dedica únicamente a cuestiones de narcotráfico, cuando en realidad ese negocio representa tan sólo uno de los 23 negocios ilícitos que tienen y que, de alguna manera, entre uno y otro redistribuyen sus utilidades.
Las redes delincuenciales incurren en delitos de narcotráfico, pero igualmente lo hacen en piratería, contrabando, robo de vehículos, tráfico de armas, de personas, trata de blancas, extracción y tráfico de órganos, homicidios, pornografía, fraudes, extorsión, secuestro y lavado de dinero, por mencionar algunos de los principales.
El narcotráfico, en México, les representa un negocio anual de 40 mil millones de dólares, versus los 74 mil millones de dólares que obtienen por la piratería.
Si tuviéramos clara esta situación, difícilmente continuaríamos comprando un disco pirata a la red criminal que, una semana antes, vendió el arma con la cual mataron a uno de nuestros familiares. Seguramente evitaríamos adquirir el medicamento ilegal a quien vendió por años una medicina que en nada ayudó a curar a nuestros padres y que, hoy, se encuentran postrados por una enfermedad ya irreversible. Asimismo, no acudiríamos a los lugares donde se vende licor barato, si supiéramos que esa misma organización secuestró a uno de nuestros hijos para prostituirlo o extraerle algún órgano para su venta.
Debemos combatir este gran problema desde tres frentes:
El primero, con industriales que busquen la manera de fabricar y ofertar productos de calidad, a precios acordes a la economía de la sociedad, erradicando las malas prácticas de muchos comerciantes que simplemente “inflan” los precios sin otorgar un servicio en términos reales.
El segundo frente, con un gobierno que por un lado evite el contrabando, mediante un efectivo sistema de aduanas y erradique la fabricación y comercio ilegal en las calles y, por el otro, que promueva apoyos fiscales y económicos, para los fabricantes que además de producir bienes legítimos, generan empleos dignos a las personas.
El tercero, con personas conscientes del daño que se genera al país, su economía y su sociedad, con la compra de productos ilegítimos, para que eviten a toda costa el adquirirlos, evitando asimismo fomentar una cultura de ilegalidad a las generaciones venideras.
Con cada compra de productos ilícitos, las personas están matando lentamente a la industria nacional y forrando de recursos a las redes delincuenciales. Con cada moneda que reciben los vendedores, están cavando la tumba de la industria, pero, además, en alguna medida, la de la propia ciudadanía.
De nosotros depende, hoy, el futuro y la seguridad de nuestra industria y de nuestra sociedad.
