Cada año, el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional funciona como un termómetro incómodo pero necesario. No mide discursos ni intenciones, mide cómo perciben ciudadanos, especialistas y organismos internacionales el nivel de corrupción en el sector público. Y los resultados de 2025 vuelven a colocar a México frente a una realidad que no admite eufemismos.
En la edición 2025, México obtuvo 27 puntos sobre 100, ubicándose en el grupo de países con mayores niveles de corrupción percibida, muy por debajo del promedio global (42) y también por debajo del promedio regional de las Américas. Este puntaje coloca al país en una posición similar a la de naciones con instituciones frágiles, débil control del poder y altos niveles de impunidad.
¿Qué significa realmente un puntaje de 27?
El CPI no mide casos aislados ni percepciones emocionales. Un puntaje tan bajo indica problemas estructurales: debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas, limitada autonomía de los órganos de control, baja efectividad en la persecución de delitos de corrupción y una percepción generalizada de impunidad.
De acuerdo con el reporte, más de dos terceras partes de los países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos, pero México se encuentra entre aquellos donde la corrupción se ha normalizado como un riesgo cotidiano que permea trámites, servicios públicos, contrataciones y, en consecuencia, la seguridad ciudadana.
No es casualidad que los países con menores puntajes también enfrenten mayores problemas de violencia, criminalidad y desconfianza institucional. El propio CPI 2025 subraya que cuando la corrupción florece, quienes pagan el precio son las personas, ya sea en servicios de salud, infraestructura deficiente, inseguridad o acceso desigual a la justicia.
Corrupción, seguridad e impunidad: un círculo que se refuerza
En el caso mexicano, la corrupción no solo afecta la eficiencia del Estado; debilita directamente la prevención del delito. Cuando las instituciones encargadas de vigilar, investigar y sancionar no gozan de plena confianza, la ciudadanía se retrae, deja de denunciar y opta por estrategias individuales de supervivencia.
El CPI 2025 advierte además que los países con menor espacio cívico -donde la participación ciudadana y la vigilancia social se debilitan- tienden a registrar peores niveles de corrupción. Esta observación resulta particularmente relevante para México, donde la participación ciudadana organizada sigue siendo limitada frente a la magnitud del problema.
Una lectura necesaria desde la prevención
El mensaje del CPI no es fatalista, pero sí claro: la corrupción no se combate solo con leyes, sino con instituciones fuertes, controles independientes y una ciudadanía informada y participativa. En materia de seguridad, esto significa que la prevención del delito no puede desvincularse de la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia social.
Países que han logrado mejoras sostenidas en el CPI lo han hecho fortaleciendo instituciones, protegiendo a denunciantes, digitalizando procesos y ampliando el acceso a la información pública. No hay atajos ni soluciones inmediatas, pero sí rutas probadas.
El CPI 2025 vuelve a recordarnos que la corrupción no es un problema abstracto: se traduce en inseguridad, desigualdad, desconfianza y violencia cotidiana. Para México, el puntaje de 27 no debería verse como una estadística más, sino como una llamada urgente a repensar la forma en que prevenimos delitos y fortalecemos el tejido institucional.
Porque mientras la corrupción siga siendo percibida como parte del paisaje, la seguridad seguirá siendo frágil. Y sin instituciones confiables, no hay prevención posible que sea sustentable en el tiempo.
