En América Latina existen cuatro tendencias que ameritan una urgente y rápida atención en materia de políticas públicas, concretamente en el ámbito de la seguridad ciudadana: la violencia homicida, la creciente victimización delictiva, el aumento de la población carcelaria y el miedo al crimen o la sensación de inseguridad con la que vive la gran mayoría de las personas.
La ‘Base del Conocimiento’ de las políticas públicas, es la información.
Siendo la violencia y la delincuencia un problema multifactorial, es preciso que la información al respecto, con indicadores útiles, surja de igual manera desde múltiples perspectivas, con el fin de lograr un diagnóstico lo más preciso y apegado a la realidad, de conocer las percepciones que la gente tenga, de prever tendencias y, de esta forma, anticiparse a los retos del futuro.
El problema de la violencia y la delincuencia no podrá entenderse jamás sin información válida y confiable.
Las principales fuentes de información son los registros administrativos (estadísticas policiales, judiciales, carcelarias, denuncias por violaciones de derechos) y las encuestas de victimización y eficacia institucional. Los primeros son utilizados como indicadores de administración, en tanto que los segundos como indicadores de impacto.
Si bien en muchos países se cuenta ya con dicha información y se puede distinguir entre indicadores factuales, es decir, de los hechos ocurridos y de indicadores perceptuales (opiniones) que surgen de fuentes oficiales y no oficiales, es preciso reconocer, sobre todo en el caso de los primeros, que tenemos una gran desventaja, pues los delitos que no se denuncian constituyen una abrumadora cifra negra.
En México, por citar un ejemplo, la cifra negra se ubica en un 93.6%.
En términos de información, uno de los grandes retos lo constituye la sistematización de la misma, pues en su integralidad otorgaría una base empírica a las políticas públicas, para que al edificarse lo hagan con mayor sustento.
En ese sentido, diversas organizaciones globales, regionales y locales, tales como UNODC, BID, USAID, OEA y el Centro de Excelencia de INEGI-UNODC, han recolectado y desarrollado importantes sistemas de información estadística y herramientas de análisis.
Este esfuerzo, no obstante valioso, requiere aún de un gran trabajo para crear y consolidar un sistema de información integrado que, constituido ya como Big Data, pueda fundamentar políticas públicas de prevención de la violencia y la delincuencia exitosas.
Por este motivo debemos, además de informarnos adecuadamente respecto de los “qué, cómo, cuándo, dónde y por qué” suceden las cosas, de proporcionar información precisa a las autoridades en las encuestas de opinión y en los hechos.
Podríamos comenzar por denunciar lo que sucedió, ¿no crees? Resulta vergonzoso el que en México únicamente 6 de cada 100 delitos cometidos sean denunciados.
Si crees que no tiene sentido por ser una pérdida de tiempo, porque “no pasará nada” o porque, simplemente, no confías en la autoridad, considera que además de un derecho, es tu obligación denunciar.
Revirtamos la cifra negra para que no nos digan que quedó en nosotros; desbordemos a los Ministerios Públicos con denuncias. Veamos si con todo lo que se denuncie, y con lo que esa información proporcione, se generen, de una vez por todas, políticas públicas que logren más y mejores resultados.
¿Qué opinas?
Antes de que nos des tu opinión, te recomendamos la lectura del documento Información para la prevención del delito y la violencia elaborado por Carlos Javier Vilalta Perdomo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, para la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo.
