La seguridad pública es una condición que solo se da con el compromiso de todos los actores: una convicción personal de ser respetuoso de las leyes y permear estos valores a la sociedad a través de la educación formal y en los hogares, la responsabilidad de las corporaciones de operar en cumplimiento con los más altos estándares éticos, y el correcto desempeño de las policías, además de políticas públicas que atiendan los rezagos estructurales de la sociedad –la falta de educación, la salud, la marginación y la pobreza–, para evitar su propensión al crimen.

Por otra parte, la seguridad, la legalidad y el respeto al Estado de derecho son un elemento clave para la competitividad de los países, que genera círculos virtuosos de desarrollo y bienestar en las sociedades. La inversión es el principal motor del desarrollo: significa empleo formal, innovación, inyección de capital a la economía y el impulso de mejores ambientes dentro y fuera de las organizaciones.

Si bien las empresas que invertimos en México reconocemos el gran valor y potencial económico del país, dadas sus diversas fortalezas –la estabilidad macroeconómica y política, el bono demográfico y el talento humano con el que contamos, entre otras–, la seguridad y el respeto al Estado de derecho se mantienen como grandes retos para la competitividad del México de hoy.

Las operaciones de nuestras empresas y la confianza de los inversionistas se ven enormemente afectados por los altos niveles de inseguridad, corrupción e impunidad, que deterioran el tejido social y generan costos altísimos para nuestros negocios en varias zonas del país.

Presenciamos los años más violentos de la historia de México, con cifras alarmantes y al alza en la mayor parte de los delitos. El Sondeo de Seguridad Empresarial 2018 de American Chamber/Mexico revela que la principal preocupación en materia de seguridad para las empresas es la seguridad para sus empleados y familias (51.6%), seguida de la seguridad de la información (36%) y el transporte de carga (35.7%).

En un contexto en el que únicamente 18.6% de los encuestados consideró que la situación de su empresa mejoró en 2017 respecto a 2016, mientras que una cuarta parte afirmó que empeoró, las empresas perciben una actuación insuficiente por parte de las autoridades y han tenido que incrementar la inversión en seguridad, un “impuesto” que está restando competitividad al país. Más de una tercera parte de quienes respondieron el Sondeo reportó que sus empresas invirtieron arriba del 5% de su presupuesto de operación en seguridad (38%). Este porcentaje aumentó más del doble desde 2016.

Para lograr una reducción de los índices delictivos en un 50% para 2024, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, es importante avanzar en el fortalecimiento de las policías locales, del sistema de impartición de justicia y su sistema penitenciario, y el marco institucional que garantice el Estado de derecho en el país.

Es indispensable actuar coordinadamente desde todos los ámbitos del tejido social para hacer frente a los retos de inseguridad como un problema complejo, multifactorial y, tal vez, el más urgente para mantener a México en la senda del desarrollo y el crecimiento económico.

Debemos estar preparados para actuar ante momentos de riesgo y para consolidar dinámicas sociales sanas, como lo proponen los consejos de especialistas y las mejores prácticas contenidas en este Manual de Seguridad. El momento es ahora y la inacción, sencillamente, no es una alternativa.

Marcelo Hernández
President of the Security Committee