El derecho de piso consiste en la exigencia a una empresa, por parte de algún operador, supuestamente del crimen organizado, de una cantidad económica con el objeto de garantizar la integridad física de una o varias personas de la organización, de la continuidad del negocio, o para proporcionarle protección respecto de otros grupos delincuenciales o, incluso, de la misma competencia.
Este flagelo que afecta el desarrollo de un país en todos sus ámbitos, se ha expandido en las últimas dos décadas, de manera acompasada al control que pretenden ejercer los diversos grupos delincuenciales que operan a todo lo largo y ancho del país, habiendo acrecentando su impacto, de forma considerable, en los últimos diez años.
Esta práctica, sistemática en algunos estados, en México, conforma una especie de “sistema tributario”, que ha sido aceptado incluso por grandes empresas, con el fin de que sus productos lleguen a su destino sin sufrir robos, que sus establecimientos o vehículos no sean incendiados o que se atente contra la vida de alguno de sus colaboradores.
El cobro o “derecho de piso”, por tales motivos, es una realidad con la que viven y conviven infinidad de empresarios, donde las amenazas y las cuotas parecen no tener fin.
El impacto para muchos empresarios, sobre todo para los pequeños -mismos que conforman más del 95% de las empresas del país-, es tal que no sólo los lesiona, sino que los hace desaparecer, al verse en la necesidad de cerrar, en definitiva, las puertas de su negocio.
En su desesperación, incluso, algunos empresarios buscan deducir, fiscalmente, las pérdidas que les representan sobre sus utilidades los pagos a la delincuencia.
No obstante de no contar con los comprobantes digitales de pago correspondientes, transferencias bancarias o cheques que amparen la “transacción”, apelan a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual contempla una excepción a dichos requerimientos para el caso de pérdidas sufridas por el contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor.
Para evidenciar la pérdida derivada de la comisión de un delito bastaría, en condiciones normales, la simple denuncia del afectado ante el Ministerio Público. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria exige, “por criterio normativo”, la exhibición del auto de radicación ante el juez competente, lo cual coloca al empresario en una encrucijada, pues tan sólo el hecho de denunciar puede provocar el cumplimiento de las amenazas de los criminales.
Hablar de cifras de este delito, es hablar únicamente de la punta del iceberg, considerando que la cifra negra en el país -delitos que no son denunciados- es abrumadora, incluidos en ella, de forma particular, los cobros por derecho de piso.
Las recomendaciones que debes considerar en caso de ser víctima de estos intentos de extorsión directa son:
- Mantén la calma.
- No cedas ante las exigencias económicas o demandas del extorsionador directo.
- No manifiestes negativa alguna de forma directa al delincuente.
- Argumenta que te tienes que “mover” para conseguir los recursos.
- Solicita al extorsionador directo, un plazo de al menos una semana para ofrecerle una respuesta.
- Denuncia y pide ayuda. Comunícate en México al 088 al Centro Nacional de Atención Ciudadana, en la que serás canalizado a la Dirección General de Manejo de Crisis y Negociación, donde un asesor se encargará de ofrecerte todo el apoyo necesario para atender, de la mejor forma, el problema y resolver, en lo posible, tu situación.
Para conocer más sobre el tema y algunas recomendaciones de seguridad y prevención ante el mismo, te sugerimos ampliamente la lectura de nuestros artículos Extorsión directa: conoce cómo enfrentarla, Cómo prevenir ser extorsionado, así como de manera muy particular el documento A handbook for community responses to countering extortion patrocinado por el gobierno de Noruega y publicado por Global Initiative en 2021.
