En México, la seguridad nacional se refiere al conjunto de políticas, acciones y medidas destinadas a garantizar la integridad territorial, independencia y soberanía del Estado mexicano frente a amenazas externas e internas que pongan en riesgo su existencia o funcionamiento esencial.

La definición más aceptada nos la da el Glosario de Términos Unificados (GTU) del Colegio de Defensa y el Centro de Estudios Navales que la define como la "condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, Estado de derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales".

En resumen, los bienes tutelados de la seguridad nacional son la integridad territorial, independencia, soberanía y la estabilidad del Estado mexicano.

La primera definición legal de seguridad nacional en México estuvo contenida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental de 2002 y estaba centrada en limitar la reserva de información por la causal de "seguridad nacional". Posteriormente, se publicó la Ley de Seguridad Nacional que la define como "las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano".

Por otro lado, la Constitución define dos vertientes de la seguridad nacional, la seguridad interior y la defensa exterior. El glosario antes referido define a la seguridad interior como la "condición necesaria que proporciona el Estado para salvaguardar sus instituciones, su población, garantizar el desarrollo nacional y mantener el Estado de derecho".

Como podemos observar, este segundo concepto se enfoca en la protección del orden interno y la estabilidad del Estado frente a amenazas o conflictos que alteren la paz pública o el funcionamiento de las instituciones. En 2017 se publicó la Ley de Seguridad Interior, aunque fue declarada inconstitucional, marcaba un enfoque temporal y subsidiario, limitado a situaciones específicas que rebasaran las capacidades de las autoridades civiles.

Podemos resumir que los bienes tutelados de la seguridad interior son el Estado de Derecho y la salvaguarda de las instituciones. El concepto de seguridad interior lo encontramos en las tres constituciones de 1824, 1857 y 1917, y se refería sobre todo como una responsabilidad del Presidente de la República al momento de emplear a la fuerza armada.

En contraste, la seguridad pública está definida constitucional y legalmente como la función a cargo de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas. Se orienta a la prevención y combate de delitos, la procuración de justicia y la reinserción social.

A diferencia de la seguridad nacional y la seguridad interior, la seguridad pública tiene un enfoque directo en la ciudadanía, buscando garantizar el bienestar cotidiano y el respeto a los derechos humanos. Los dos grandes bienes tutelados de la seguridad pública son la vida y la propiedad de las personas.

La impunidad y la corrupción son dos factores de riesgo que generan violencia y permiten que florezca la delincuencia organizada. Sin embargo, la corrupción no solo produce estos problemas, también es un factor que puede inhibir el que México alcance sus intereses nacionales en el futuro. ¿Pero por qué otras razones la corrupción es un asunto de seguridad nacional?

La corrupción en los sistemas de salud y educación vulnera a la población mexicana frente los retos de desarrollo social futuro. La corrupción en los contratos de infraestructura y telecomunicaciones ponen en riesgo la conectividad, competitividad y desarrollo económico. Asimismo, la corrupción daña la imagen en el exterior e inhibe inversiones.

La corrupción en todos los niveles de gobierno está consumiendo los recursos que deberían ser destinados para combatir las amenazas a la seguridad nacional, como lo es la delincuencia organizada. Por ejemplo, por la corrupción no se canalizan los presupuestos para la profesionalización, aumento de capacidades y estado de fuerza de las policías.

Podemos afirmar que la corrupción política facilita la delincuencia organizada al permitir que esta opere con completa impunidad. El Estado mexicano en su conjunto cuenta con muchas más capacidades que las organizaciones criminales.

El problema es la falta de confianza y coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, lo que facilita la operación de las organizaciones criminales en el eslabón más débil del Estado que es el municipio.

El crimen organizado y la corrupción tienen un impacto devastador en la estabilidad política, económica y social de México.

En términos políticos, estas problemáticas debilitan las instituciones del Estado al infiltrarlas y cooptarlas, reduciendo su capacidad para garantizar el Estado de derecho. Esto genera desconfianza ciudadana hacia las autoridades y un deterioro de la legitimidad gubernamental.

En el ámbito económico, el crimen organizado impone costos directos a través de actividades ilícitas como extorsión, secuestro y robo, mientras que la corrupción desvía recursos públicos y eleva los costos de transacción, limitando el desarrollo, frenando la inversión y perpetuando la desigualdad.

Socialmente, la violencia generada por el crimen organizado ha provocado miles de muertes y un ambiente de inseguridad que fragmenta el tejido social. La corrupción, a su vez, perpetúa la impunidad y la exclusión, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.

Son tres las principales estrategias para combatir la delincuencia organizada y la corrupción política. Primero se necesitan políticas de "cero-tolerancia" contra la corrupción política que van de la mano con la segunda respuesta que es la presencia de una fuerte "cultura de la legalidad".

La sociedad debe ser implacable contra la corrupción política. El castigo se puede expresar en las urnas, en manifestaciones públicas y en el apoyo a las investigaciones independientes de los medios de comunicación que afecten al máximo la imagen profesional y personal de los políticos corruptos.

Finalmente, el eslabón perdido de la estrategia es el combate al lavado de dinero que alimenta a los dos problemas.

El conocimiento acumulado por las fuerzas armadas mexicanas en el manejo de crisis no solo mejora la efectividad de sus operaciones, sino que también genera confianza entre la población y las instituciones civiles. Su experiencia en los planes mencionados les ha permitido desarrollar protocolos, adaptarse a nuevos desafíos y servir como ejemplo de cooperación interinstitucional en momentos de crisis.

Las fuerzas armadas y las instituciones de inteligencia civiles mexicanas como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) comparten las siguientes cuatro características que las hacen indispensables para atender crisis de seguridad nacional.

Las fuerzas armadas dependen de inteligencia precisa para planificar sus operaciones, mientras que las instituciones de inteligencia requieren apoyo logístico y operativo para ejecutar misiones críticas. Estas instituciones son las que proveen de mejor información a la Presidencia de la República y al gobierno para atender cualquier crisis. Estas tienen la capacidad de participar en una respuesta integral a la crisis.

Las instituciones armadas de México y civiles de inteligencia tienen experiencia trabajando de manera conjunta para abordar amenazas multidimensionales como desastres naturales, pandemias, sismos, entre otros, en el marco del gabinete de seguridad del gobierno de la República. Asimismo, estas instituciones tienen la experiencia de proveer información para que la presidencia de la República pueda tomar decisiones estratégicas, asegurando una respuesta eficaz y coherente a la crisis.

Las fuerzas armadas mexicanas, en particular, cuentan con una sólida organización para optimizar el uso de recursos humanos y materiales en escenarios de crisis como lo es la movilización rápida de recursos como despliegue de equipos y personal a zonas afectadas con prontitud; optimización de insumos, es decir el uso racional de recursos limitados, como alimentos, medicinas y combustible. Por último, tienen sistemas de comunicación que aseguran la coordinación de operaciones y toma de decisiones en tiempo real.

Las fuerzas armadas y las instituciones de inteligencia están sujetas a límites claros, como el respeto absoluto a los derechos humanos y la obligación de actuar dentro del marco de la Constitución, siempre subordinadas al poder civil.

Su participación en seguridad pública o atención de emergencias debe ser temporal, extraordinaria y justificada, evitando abusos de autoridad y garantizando las libertades fundamentales. Además, tienen el deber de transparentar sus acciones, operaciones y uso de recursos públicos, asegurando la rendición de cuentas.

Aunque algunas actividades requieren confidencialidad, este balance es esencial para prevenir abusos, fortalecer su legitimidad y mantener la confianza de la ciudadanía.

Los retos siempre serán la gestión eficiente y transparente de los presupuestos de emergencia, garantizar el respeto a los derechos humanos y equilibrar la confidencialidad con la rendición de cuentas.

También deben mantener sus capacidades operativas, mejorar la coordinación con instituciones civiles y reforzar su legitimidad, asegurando que su actuación se apegue al marco constitucional y cuente con la confianza ciudadana.

En países democráticos como México, es fundamental lograr un equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. Para garantizar este equilibrio, es indispensable la participación de otros poderes del Estado, como el Congreso y el Poder Judicial, que desempeñan un papel clave en la supervisión y regulación de las acciones relacionadas con la seguridad nacional.

En este contexto, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, conformada por legisladores de ambas cámaras, tiene un papel crucial al fungir como un órgano de control democrático que evalúa las políticas, estrategias y acciones implementadas en este ámbito, asegurando que estas se apeguen a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Los gobiernos pueden equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional mediante un enfoque basado en el Estado de derecho y la transparencia. Esto incluye desarrollar políticas de seguridad que prioricen la protección de las libertades fundamentales y capacitar a las fuerzas de seguridad en derechos humanos.

A nivel internacional, promover el intercambio de información, la colaboración en inteligencia y el respeto a las normativas globales refuerza la seguridad colectiva. Además, rendir cuentas sobre las operaciones y garantizar la supervisión por organismos civiles e internacionales aseguran que las acciones se mantengan dentro de los marcos legales y éticos.

También es imprescindible la actualización y preparación de los elementos militares mexicanos en el uso de la fuerza, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de México. Esto es crucial para garantizar intervenciones legales, proporcionales y respetuosas de los derechos humanos. Esto previene abusos, refuerza la confianza ciudadana y asegura que las fuerzas actúen bajo principios de necesidad, legalidad y rendición de cuentas.

Es importante señalar que, en los últimos 20 años, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) han intensificado sus esfuerzos para incorporar la formación en derechos humanos como parte fundamental de su preparación operativa. Ambas instituciones han implementado programas de capacitación obligatoria para su personal.

Entre estas iniciativas destacan los convenios con organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estas colaboraciones han permitido desarrollar cursos, talleres y materiales educativos especializados, que abordan temas como el uso proporcional de la fuerza, la atención a grupos vulnerables y la actuación en escenarios de alta sensibilidad social. Asimismo, se han establecido protocolos operativos y mecanismos de supervisión interna para asegurar el cumplimiento de estos principios en el terreno.

En este mismo sentido, México debe respetar los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura. Asimismo, debe seguir los protocolos de la ONU sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego y las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, asegurando que sus acciones se alineen con los estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En México, la seguridad nacional es un tema en el que tradicionalmente el Estado ha buscado mantener el monopolio, limitando la participación ciudadana y las contribuciones de otros sectores en su desarrollo conceptual y operativo. Esto ha resultado en una escasez de iniciativas orientadas a la formación académica y profesional en la materia, lo que dificulta la construcción de una cultura de seguridad nacional más participativa y democrática.

Sin embargo, algunas instituciones académicas, como la UNAM, INAP, UDLAP, ITAM, Anáhuac, entre otras, han comenzado a llenar este vacío al desarrollar programas de posgrado, como diplomados y maestrías, que abordan la seguridad nacional desde una perspectiva interdisciplinaria.

Estos programas capacitan a profesionales en temas como el análisis estratégico, la prevención de amenazas y el respeto a los derechos humanos, fomentando una visión más inclusiva y plural. La expansión de estas iniciativas podría fortalecer la formación de especialistas civiles en seguridad nacional, promoviendo un enfoque más colaborativo y menos centralizado.

Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la seguridad nacional al abrir espacios para investigaciones periodísticas y columnas de opinión elaboradas por periodistas y académicos especializados.

Estas contribuciones permiten informar a la ciudadanía de manera objetiva, fomentar el debate público y visibilizar aspectos clave como la transparencia gubernamental, el respeto a los derechos humanos y los desafíos estratégicos en la materia. Además, promueven la rendición de cuentas y aportan análisis críticos que enriquecen las políticas de seguridad, fortaleciendo la participación democrática y la confianza en las instituciones.

Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil mexicanas se acerquen a las instituciones de seguridad nacional para abrir espacios de diálogo y colaborar en la promoción de una cultura de seguridad inclusiva.

A pesar del histórico monopolio estatal en el estudio de este tema, la participación de la sociedad civil puede aportar perspectivas innovadoras, fomentar la transparencia y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

Este acercamiento permite desarrollar políticas más equilibradas y democráticas, asegurando que la seguridad nacional refleje los intereses y derechos de todos los sectores de la población.

El esfuerzo por construir espacios de difusión, como blogs especializados y publicaciones académicas, ha sido clave para promover una cultura de seguridad nacional más accesible y democrática en México.

Ejemplo de ello es el Manual de Seguridad para la Prevención de Delitos de David Lee, que ofrece una visión comprensible y práctica sobre los conceptos fundamentales de seguridad, permitiendo que tanto especialistas como ciudadanos interesados se involucren en el tema.

Este tipo de iniciativas contribuyen a diversificar las perspectivas, generar debate público y fortalecer el conocimiento colectivo, sentando las bases para una sociedad más consciente y participativa en materia de seguridad.

No es menor señalar que el Plan Sectorial de Defensa Nacional (2020-2024) buscó "difundir la cultura de Seguridad Nacional en establecimientos educativos a nivel nacional, a través de la impartición de pláticas y conferencias". Lo anterior para mejorar las relaciones civiles-militares.