El fraude laboral es un problema global que afecta a organizaciones en todas las regiones y en todas las industrias del mundo y es, muy probablemente, la forma de delito financiero más costosa y común, no obstante, la medición del alcance de sus daños es complicado debido al ocultamiento y el engaño involucrados en la mayoría de los esquemas.
Existen dos razones principales por las que este tipo de delito es tan frecuente: la confianza que cualquier organización le debe dispensar a sus empleados al proporcionarles acceso o control a sus activos, (contabilidad, administración de cuentas bancarias o inventarios) y el alto número de personas en condiciones de cometer el delito.
De acuerdo con la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), la fuerza laboral mundial, en las organizaciones, está compuesta por más de 3,300 millones de personas, cuya gran mayoría no comete fraude alguno; sin embargo, una minoría provoca grandes daños: los dueños o altos ejecutivos cometen únicamente el 23% de los fraudes, pero son quienes ocasionan los mayores daños económicos.
Se estima que una organización pierde, año con año, un 5% de sus utilidades por fraudes. Un caso típico de este delito requiere de 12 meses antes de su detección y causa una pérdida promedio mensual de $8,300 dólares a las organizaciones.
Según el Reporte para las Naciones 2022 de ACFE, prácticamente la mitad de los fraudes reportados ocurrieron en 4 departamentos: Operaciones (15%), Contabilidad (12%), Alta Gerencia (11%) y Ventas (11%).
El reporte indica que el 85% de los defraudadores mostraron señales de alerta (red flags) en su comportamiento, pero únicamente el 6% de ellos habrían sido previamente condenados.
La detección de este ilícito ocurrió en un 42% gracias al “pitazo” (whistle blowers) que dieron, en más de la mitad de los casos, empleados de la misma organización a través de correos electrónicos (40%), formatos en línea en las intranets de la propia empresa (33%) o llamadas (27%) a través de líneas telefónicas especializadas (hotlines).
De hecho, en las organizaciones que poseen este tipo de líneas telefónicas con buzones de denuncia anónima, se logró reducir el tiempo de detección del fraude de 18 a 12 meses.
El 81% de las organizaciones victimizadas modificaron sus controles antifraude después de su detección, el 75% revisaron sus procesos de operación y un 64% incrementaron el uso de análisis y monitoreo proactivo de su información.
Conoce el reporte Occupational Fraud 2002: A Report to the Nations y adéntrate en las mejores formas de prevenirlo con la entrevista realizada a nuestro experto invitado Carlos Ramírez Acosta.
